Una web australiana delata el absurdo de la ley española que prohíbe dar encuestas la última semana

A cinco días del 12-M, «The Adelaide Review», una web australiana, está llevando a cabo un «tracking» electoral diario para conocer la evolución de la estimación del voto de los catalanes debido a que los propios medios españoles tienen prohibido realizar encuestas los cinco días anteriores al día de la votación.

De acuerdo con el artículo 69.7 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), «queda prohibida la publicación y difusión de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación los cinco días anteriores al día electoral».

Con esta normativa, pretenden evitar que los sondeos puedan influenciar de forma negativa a los electores a la hora de emitir su voto en la urna y, así, garantizar que los ciudadanos puedan tomar una decisión informada y meditada.

Los programas y debates electorales, la campaña electoral, las entrevistas y mítines durante las semanas previas son recursos que influyen en la toma de decisión de los electores, sin embargo, a partir de la madrugada del pasado martes los sondeos y estudios de opinión han dejado de estar actualizados para los votantes.

Pero esto no ocurre en todos los países, sino que es algo de unos pocos, donde España se encuentra. La mayor parte de los países democráticos permiten una libertad plena a la hora de publicar sondeos los días previos a la votación. Sin embargo, sí está permitido que medios de fuera del país publiquen encuestas diarias de intención de voto sin correr el riesgo a ser sancionado.

Y es que, no es la primera vez que el portal australiano realiza encuestas los días previos a unas elecciones; ya se estrenó para las municipales y generales del año pasado.

Partidos sí, ciudadanos no

En cambio, los partidos políticos sí pueden disponer de encuestas hasta el último día, pero en ningún caso los ciudadanos. Esta contradicción se debe exclusivamente a los partidos. En 2011, con la posibilidad de reformar la ley electoral, optaron por no ajustarla a esta nueva era digital prefiriendo mantener la prohibición de divulgar sondeos electorales desde cinco días antes de las elecciones. A esto se le suma la incapacidad de los partidos catalanes para consensuar una ley electoral propia.