Así se permite el acoso a una agente de los Mossos constitucionalista

«Jamás en mis 28 años trabajando para una Administración Autonómica hubiera imaginado, en mayo de 2023, obtener una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde se condenase a esta Administración autonómica catalana por acoso y hostigamiento a una funcionaria pública. Eso ocurre en Cataluña». Es lo que ha asegurado a El Debate Inma Alcolea, que fue cabo de los Mossos en Gerona hasta que la suspendieron por expresar su apoyo al constitucionalismo en redes sociales. Su viacrucis, como así lo llama, empezó con el proceso independentista.

Alcolea lamenta que para llegar hasta ese punto ha sufrido no solo «un gran desgaste a nivel personal, familiar y económico, sino también un gran desgaste en la propia salud», porque es un proceso «lento y caro» el luchar contra la Administración, que, a su juicio, no actúa «con la profesionalidad, con la legalidad, con la ética ni la dignidad que debiera, sino que, además, utiliza nuestros propios recursos públicos para ejercer, aunque sea indirectamente, ese acoso laboral».

Acoso que empezó en 2017 e incluso estando vigente la aplicación del artículo 155 porque, según Alcolea, se rubricaron expedientes disciplinarios a Mossos de Esquadra por haber escrito un atestado en español, mientras que, a nivel interno, se fue de rositas Lluís Escolà. Este sargento ha sido recientemente condenado a cuatro años de prisión por hacer de escolta de Carles Puigdemont en el extranjero, cuando el presidente de la Generalitat es un prófugo de la justicia.

Pero Alcolea también lamenta que directores generales de la policía autonómica, incluido el actual, Pere Ferrer, no solo permitan, sino que también «protejan» a un mosso independentista, el líder de ‘Mossos per la independència’, que «comete de manera continuada en redes sociales y en panfletos digitales independentistas e incluso en televisiones privadas, infracciones disciplinarias, acosos públicos y delitos penales en esas redes sociales».

Se refiere Alcolea a los insultos, por ejemplo, que recibió su pareja, también sargento de la policía autonómica, Moisés Abelli Puigderrajols, por parte de ese agente independentista, que le llamó «idiota», «pseudosargento»; hizo alusiones a su vida personal con desprecio «si no habla en castellano, no moja» y al que imputó «delitos penales e infracciones disciplinarias inexistentes», llegando a publicar fotografías y direcciones de la casa del sargento estando en nivel 4 de alerta terrorista.

Pero para el director general de Policía, Pere Ferrer, no había indicios suficientes para deducir responsabilidades disciplinarias al mosso. Sin embargo, el Juzgado de primera instancia número 5 de Gerona sí vio acción punible, y condenó al agente a pagar 3.000 euros más los gastos en costas, por vulnerar el derecho al honor del sargento.

También al sargento se le abrió un expediente disciplinario por haber hecho una denuncia de pérdida de DNI a su pareja, a Inma Alcolea. El juzgado contencioso-administrativo 3 de Gerona, dejó claro que ese expediente era «contrario a derecho» porque no se había cometido ninguna infracción. La administración consideró que la actuación del sargento debía considerarse un atestado judicial, de modo que tenía el deber de abstenerse «al tener análogo conyugal». Sin embargo, el juez consideró que no podía calificarse como tal. Interior, por cierto, ha recurrido la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, mientras que el sargento tiene intención de presentar una denuncia por prevaricación y acoso contra el Director dela Policía y los instructores de ese procedimiento disciplinario

Publicación de informes médicos

Pero la excabo de los Mossos también denuncia que, en plena pandemia, se publicó en redes sociales un atestado policial confidencial suyo. Ella denunció ante la División de Asuntos Internos que se trataba de un delito de revelación de secretos, pero desde esta unidad llegaron a la conclusión de que la fotografía que se había extraído del atestado no era la misma que publicaba el mosso independentista. Según Alcolea, efectivamente era así, puesto que «era una fotografía realizada al atestado desde un monitor y con un dispositivo móvil». Pero recuerda, el delito de revelación de secretos se comete por el «simple hecho de difundir una información confidencial». De ahí que el agente en cuestión esté procesado por ese delito, y la Generalitat denunciada como responsable civil subsidiaria.

Según explica Alcolea, este mosso también ha publicado en redes sociales y, por lo tanto, de forma pública, «sus informes médicos, medicinas y otros aspectos médicos» que debían ser confidenciales. Asegura que fue un abogado que representa a un sindicato de Mossos, el que filtró esos informes.

Y el agente ha dado un paso más allá porque amenazó públicamente al hijo menor de Alcolea, además de publicar el nombre del colegio al que acudía. El mosso independentista aseguraba: «la vida puede ser larga y complicada para un tal Diego cuando haga 18 años. Hay veces que los hijos se comen los pecados de los padres. Si se juega con fuego se acaba quemando. Mientras tanto, tendrá que rezar para que en Bell-lloc no se le descarrile como en Cornellà». O también aseguraba: «Un día Diego será mayor de edad y por ley de vida tú no estarás. A ver si te gustaría que convirtiese su vida en un infierno como quieres hacer tú con la mía» o «Un día su hijo hará 18 años y no le protegerá ninguna ley del menor. A ver si le gustará el acoso constante».

El juicio por amenazas a menor de edad se suspendió hace unas semanas porque el Mosso de Esquadra aseguró que no podía usar el español en su declaración «y la juez suspendió el juicio al no haber traductor de español/catalán en los juzgados de Olot», asegura Alcolea, que también explica que «ya ha procedido a eliminar sus publicaciones amenazantes».

Inma Alcolea y su pareja han pasado un auténtico viacrucis ante el «silencio» de la Dirección General de Policía. Y lamenta que el responsable político de los Mossos, «aplique de manera diferente el régimen disciplinario a los funcionarios en función de si son o no de la misma ideología que él y que la Generalidad de Cataluña». Y ha puesto como ejemplo que no han merecido ningún tipo de reproche que una agente de la policía autonómica se refiriera públicamente, en redes sociales, al jefe del Estado como «Puto Rey»; o que otro agente insultara gravemente al socialista Miquel Iceta o a la exlíder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. O que otros mossos publicaran fotos votando en el referéndum ilegal del 1 de octubre.