Carlos, el mosso voluntario de Vox suspendido por Interior: «Les interesa eliminar a los que no piensan como ellos»

Carlos Pérez es agente de los Mossos de Esquadra desde hace 30 años. Su «travesía en el desierto», como así la define, empezó en 2021, cuando se enteró de que la División de Asuntos Internos de la policía autonómica le había abierto una investigación por «incumplimiento de las normas de incompatibilidades». Y es que Carlos colaboraba con Vox en Gerona, sin recibir ningún tipo de remuneración y fuera de su horario laboral, como «coordinador con el Departamento de Seguridad» de la formación que dirige Santiago Abascal.

Carlos, según ha explicado a El Debate, era el «enlace» entre el partido y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para informar sobre los actos que se iban a llevar a cabo en Gerona. Y lo hacía a través de un correo electrónico corporativo. El mensaje era del tipo: «les comunicamos que el próximo sábado 25, en Santa Coloma de Farners, se montará una carpa informativa de 10 a 13 del mediodía. Les saludamos atentamente». Y ya está. En ningún momento, explica, se sugiere ni se pide nada a la Policía.

Este agente comunica a sus superiores «por deferencia» que está llevando a cabo estas tareas que en ningún caso son «incompatibles», asegura, con su trabajo como agente de los Mossos, entre otras cosas, porque es voluntario y él no hace tareas de seguridad para Vox. Al principio, explica, la relación es «fluida» con los enlaces de los Mossos, hasta que la llega la comunicación de la investigación.

Ahí empezó el calvario para Carlos, porque, de entrada, para la DAI «ya eres culpable» y durante todo ese tiempo que dura la tramitación «estás indefenso» porque «no tienes derecho a la defensa». Y, efectivamente, sus temores se confirmaron que fue sancionado con la suspensión de un año y un día de empleo y sueldo «por hacer funciones de seguridad», aunque durante el proceso se demostró, explica, «que no había sido así».

En cualquier caso, este agente denuncia que toda esta situación le ha provocado un «daño» importante y a varios niveles, el familiar, el laboral y también de la salud. De hecho, se encuentra de baja laboral. Pero lo que más duele a Carlos es la «doble vara de medir» que hay que, en cuerpo, porque hay otros funcionarios que se han significado políticamente a favor del independentismo, siendo Mossos de Esquadra, y no ha habido consecuencias disciplinarias.

De hecho, Carlos denuncia que «hay mossos que son de la cuerda que ellos entienden que es la correcta, que campan a sus anchas, y hacen declaraciones de todo tipo, incluso ilegales, delictivas. También realizan acciones irregulares en territorio extranjero y no pasa nada. Pero ni uno solo de estos funcionarios que ahora se han estado viendo en la campaña electoral de Puigdemont en Francia, o que o desde 2017 han estado yendo y viniendo desde Waterloo, han sido expedientados por la DAI de los Mossos». Como mucho, ha añadido, dirán que se las ha abierto una información reservada que «es la excusa para que te calles».

Pero Carlos lamenta los «daños colaterales que origina el encontrarte en una situación injusta que únicamente por tu ideología política seas arrollado por una administración que se llena la boca diciendo que son muy democráticos». Y, en este sentido, explica que poco antes del verano de 2021 acudió a la comisaría de los Mossos de Travessera de Gracia (Barcelona), acompañado de su abogada para declarar ante la DAI. Quien le tomó la declaración fue un funcionario que no tenía nada que ver con el caso, porque los responsables no pudieron estar presentes. Este agente asegura que el funcionario en cuestión le leyó el texto que le habían preguntado y le aseguró: «¿Sabes que si fueras de ERC no estarías aquí?». Una confesión que sorprendió a su abogada.

Carlos ha llevado su expediente, por la vía judicial, al contencioso-administrativo. El problema, asegura, es que la sanción no se para, aunque, posteriormente, el juez le dé la razón. Y, mientras tanto, lleva tres años de calvario por el «simple hecho de pensar diferente, de tener una ideología». Ha explicado que en 2012 hizo las mismas funciones con otro partido político, con Ciudadanos, pero entonces no tuvo ningún problema. ¿Cuál es la diferencia? «Muy sencillo», responde. «Entonces no había ningún tipo de conflicto político en Cataluña. ¿Y por qué ahora sí? Y no solo conmigo, sino con otras personas. Porque ahora hay un conflicto y les interesa eliminar a todas aquellas personas que no piensen como ellos».

También denuncia Carlos que la División de Asuntos Internos de los Mossos, que depende del director de la Policía, de la dirección política, en definitiva, no funciona bien y actúa a menudo con criterios «arbitrarios y desproporcionados». Y una muestra, dice, es que una gran mayoría de los expedientes que llegan al contencioso-administrativo los acaba ganando el funcionario.

Los escoltas de Puigdemont

Y como telón de fondo en el expediente que ha acabado en una sanción para este agente, no hay que perder de vista que Mossos fuera de servicio han escoltado a un prófugo de la justicia, a Carles Puigdemont, durante la campaña electoral en Francia. Lo han hecho aprovechando días de vacaciones y sin poder utilizar sus armas, según precisan desde el Departamento de Interior que, en cualquier caso, ha asegurado que estudiaría en qué situación estaban estos agentes en Argelès, y si eso puede suponer una falta disciplinaria.

Durante la campaña electoral sí se desplazaron a Francia otros mossos para proteger a miembros de la dirección de Junts o a cargos públicos, pero en este caso sí que tenían la autorización del Ministerio del Interior. Ese no es el caso de la escolta de Puigdemont, que desde que huyó a Bélgica, ha provocado un auténtico quebradero de cabeza.

Hay que recordar que la Audiencia de Barcelona condenó en septiembre del año pasado a cuatro años y medio de cárcel y nueve de inhabilitación al exconsejero de Interior de la Generalitat Miquel Buch, por fichar de asesor a un sargento de los Mossos d'Esquadra, Lluís Escolà, para que siguiera escoltando al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tras su huida de España. Y para el agente, el tribunal dictó una pena de cuatro años de cárcel y 10 de inhabilitación absoluta, además de nueve años de inhabilitación especial. A Escolà, por cierto, también se le ha visto en Argelès.

Puigdemont fue cesado el 27 de octubre de 2017, y aun así, este mosso lo protegió en su casa de Sant Julià de Ramis (Gerona) los dos días siguientes, hasta que él, junto con otros agentes del área de escoltas «organizaron un dispositivo clandestino» para llevarlo hasta Francia, donde cogió un avión hacia Bélgica. A raíz de esta decisión, la División de Asuntos Internos de los Mossos (DAI) expedientó a Escolà y lo apartó de la unidad de escoltas, desde entonces, hasta el 12 de marzo de 2018.

Y desde este día hasta el 28 de julio estuvo de baja médica y no llegó a incorporarse a la comisaría de Martorell (Barcelona), donde había sido trasladado por el expediente de la DAI. Pero durante ese tiempo, la Fiscalía sostuvo que el agente acompañó a Puigdemont en varios viajes. Hay que tener en cuenta que el 27 de julio de 2018 se publicó su nombramiento como asesor y el 30 ya tomó posesión del cargo.

Escolà hizo una veintena de viajes, «con pleno conocimiento y aquiescencia de Buch para proteger al procesado rebelde Puigdemont». En definitiva, y según el escrito del fiscal, de los 224 días que el exmosso estuvo en el cargo de asesor, estuvo en el extranjero 103 días y de 20 no se conoce su ubicación.

También apunta el ministerio público en su escrito que Escolà «aparentó la elaboración de una serie de estudios e informes» para Buch, pero no tenían registro de entrada y solo uno estaba firmado por su autor. Contenían informaciones básicas y extraídas de Internet.