Òmnium crea una plataforma para controlar que los jueces apliquen la Ley de Amnistía

La entidad independentista Òmnium Cultural ha anunciado este lunes la creación de una sindicatura para «fiscalizar» –aseguran– la aplicación de la Ley de Amnistía por parte del poder judicial. Lo ha explicado su presidente, Xavier Antich, y ha calculado que hasta 1.616 personas se podrán beneficiar de la ley.

En rueda de prensa, Antich ha llamado a los posibles afectados a acogerse a ella, y ha detallado que quieren que esta plataforma sirva para exponer posibles vulneraciones que se puedan llevar a cabo eventualmente, y que sea «punto de encuentro y coordinación de las defensas y las personas represaliadas».

«Ante los intentos de boicot de un grupúsculo de la judicatura española, que actúa más como aliado de la extrema derecha, hay que construir herramientas de denuncia y apoyo al alance de los represaliados», ha sostenido Antich, tras asegurar que velarán por la correcta aplicación de la norma, causa a causa y juzgado a juzgado.

Basada en una web

La actividad de la sindicatura se centrará a través de una página web (amnistia.omnium.cat) en la que sacan pecho de que «desde principios de 2019, Òmnium Cultural ha reivindicado la necesidad de una ley de amnistía». En ella, aseguraba Antich, se podrá visualizar el seguimiento de la aplicación de la amnistía, y habrá documentos con preguntas y respuestas, así como modelos de solicitud de los diferentes casos e informes de evaluación, entre otros datos.

Según Antich, la sindicatura será un herramienta clave para fomentar el intercambio de información y estrategias jurídicas teniendo en cuenta que «no hay jurisprudencia de referencia y la incertidumbre es mucha» en relación a lo que puede conllevar la aplicación de la amnistía.

«Lamentablemente sabemos que el poder judicial, el encargo en teoría de custodiar la aplicación de la ley, actuará como un agente político más y buscará atajos para saltarse la ley», ha pronosticado el presidente de Òmnium, que ha considerado «injustificable» que la norma aún no se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que ha atribuido a La Moncloa.