Una madre y su hija, en una imagen de archivoEdward Eyer / Pexels

Sociedad

El 'final feliz' de una familia de acogida expone las contradicciones del sistema en Cataluña

El doctor en Derecho Óscar Alcaide celebra que el caso de Mónica y Mario puede ayudar a visibilizar la problemática

Cuando a Mónica y Mario les llegó la notificación de la Generalitat, se les cayó el alma a los pies: tenían que decir adiós forzosamente al niño al que habían acogido de urgencia cuando tenía tan solo once días y que llevaba ya tres años viviendo con ellos. ¿El motivo? Iba a ser dado en adopción a otra pareja que jamás había visto al pequeño.

Mónica y Mario llevaron a la Generalitat a los juzgados y esta semana ganaron el caso: el miércoles, como informaba La Vanguardia, el Instituto Catalán de la Acogida y la Adopción (ICAA) confirmaba que se atendía su petición de adoptar ellos al niño, pasando por delante de la fría burocracia. «Creo que ha sido un caso muy bueno para visibilizar esta problemática», explica a El Debate el secretario de la Asociación de Familias Acogedoras de Barcelona (AFABAR) y flamante doctor en Derecho por la Universitat Abat Oliba CEU, Óscar Alcaide.

Alcaide acaba de defender su tesis, precisamente, sobre estas cuestiones. Tras una exhaustiva investigación, Alcaide –que es padre de acogida de dos niños– denuncia la «negligencia institucional» que dibuja el panorama de la acogida en Cataluña: a pesar de que la ley establece que, en caso de que los padres se encuentren ausentes, es preferible el acogimiento familiar a ingresar en una residencia, la realidad es que la proporción de niños institucionalizados respecto del total en situación de acogimiento llega al 60% en esta comunidad autónoma.

De la acogida a la adopción

Entre otras problemáticas, Alcaide denuncia que las familias acogedoras son «ignoradas» cuando se inicia el proceso de adopción de los niños que tienen acogidos, algo que refleja el caso de Mónica y Mario que abría este artículo. «El principio fundamental debe ser el interés superior del menor, pero si el niño está estable en una casa, en una familia, ¿por qué lo vas a cambiar», reflexiona.

Así lo escribe en la tesis: «Se ignora a la familia de acogida por el mero hecho de pertenecer a un registro de acogedores y no estar en el de adoptantes. Por una mera etiqueta administrativa se ignora el interés superior del menor». Como señala Alcaide, «se genera un nuevo duelo al niño».

En este sentido, Alcaide llama a mirar ejemplos de buenas prácticas que ya se han implementado en otras regiones españolas. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid reguló por decreto que, en caso de pasar de acogida a adopción, la familia acogedora tendría prioridad, siempre que beneficie al menor y que ellos quieran. En la Comunidad Valenciana –señala Alcaide– van un paso más allá y, además de esto, mantienen la ayuda económica a la familia hasta que el menor cumple los 18 años.

«Todo esto beneficia a los niños y ayuda a que salgan de los centros», destaca el doctor en Derecho, que llama a una adaptación de la normativa estatal, ya que en estos momentos sigue vigente la ley de 2015 que modifica el sistema de protección a la infancia, «pero cada comunidad autónoma tiene su burocracia y su rigidez», lamenta Alcaide.

La prioridad: sacar niños de los centros

Con todo, Alcaide recuerda que «una acogida no es una adopción», y que las familias acogedoras sirven a los niños, para evitar que estén internados en un centro. Como propuesta, Alcaide recuerda que, en la ley de 2015 se reconoce la figura de la adopción abierta, con la que el niño, aunque jurídicamente rompe los vínculos con su familia biológica, no rompe la comunicación con ellos. «Si se le prohíbe ver a su familia biológica, se genera otro mal», considera Alcaide.

Según recoge la tesis de Alcaide, los últimos datos disponibles recogen que en Cataluña hay entre 80 y 129 niños menores de tres años internados en residencias, a pesar de que la ley lo prohíbe. También hay entre 100 y 220 de cuatro a seis años. «Los datos van como van, pero la prioridad para el próximo gobierno de la Generalitat –venga cuando venga– es clara: la desinstitucionalización de los menores», asegura el investigador.

Alcaide también recuerda que, en total, en Cataluña hay en torno a 5.000 menores internados en residencias, y que «el 70% de las acogidas son permanentes: solo en un 10% de los casos hay una vuelta con la familia biológica». Otro dato: en Cataluña hay el mismo número de familias acogedoras que hace 10 años. «Eso significa que hay renovación, pero no del todo: el número se debería duplicar, como mínimo», lamenta.

Mejoras posibles

«Las administraciones tienen que poner todos los recursos para animar a más familias a acoger», asegura Alcaide, que en su trabajo plantea varias propuestas concretas en este sentido. Además de desplegar la figura de la adopción abierta –presente también desde 2010 en la legislación catalana–, que aún no se ha implementado.

También pone el acento en la situación de los hermanos. «Las instituciones reparten a los niños entre las familias sin tener en cuenta que los hermanos deberían estar juntos. Es mejor que permanezcan unidos en un centro a la espera de una familia que los acoja a los dos», escribe en su tesis.

Alcaide señala a algunas buenas prácticas a nivel local, como el carnet de familia acogedora valenciano –«Aquí en principio lo va a aplicar el ICAA», señala– o algunos temas internacionales, como la agilidad que ve en el sistema estadounidense para pasar de acogida a adopción.

También destaca algunas de las fortalezas de Cataluña en este campo, como la calidad humana y profesional de los trabajadores sociales o el hecho de que es de las comunidades que más ayuda económica ofrece a las familias acogedoras.

¿Qué le diría a alguien que, tras leer este artículo, quiere hacer como Mónica y Mario, y animarse a acoger? «Primero, que es complicado, y si decimos lo contrario estamos mintiendo… pero es muy bonito: veo a mis dos niños y son felices. Son muy pequeños, pero muy felices».