El prófugo Carles Puigdemont
Tribunales
Puigdemont se querella contra el juez Aguirre por presunta prevaricación y malversación
La querella califica de «arbitraria, estrafalaria e injusta» la apertura de una pieza separada sobre la trama rusa del procés independentista
El prófugo de la Justicia y expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont; el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, y el abogado Gonzalo Boye han presentado este martes una querella contra el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación.
La querella, consultada por EP y presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), califica de «arbitraria, estrafalaria e injusta» la apertura de una pieza separada ordenada por Aguirre sobre la supuesta trama rusa del procés independentista.
El texto considera «evidente» que el juez «ha exteriorizado su ánimo de prevaricar» al continuar con la investigación después de que la Audiencia de Barcelona diese la orden de parar.
A juicio de Puigdemont y su defensa, la resolución del juez Aguirre del viernes supone una autoinculpación y la manifestación del objetivo del magistrado: «Satisfacer su caprichosa voluntad de salvar un procedimiento que estaba condenado al sobreseimiento libre».
En su escrito, critican la «creación sin límite de piezas separadas, que ha dado lugar a que por la Sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona se le denomine sudoku procesal» y también que el juez hiciera caso omiso a este tribunal buscando una «solución alternativa», en sus palabras.
Se trata de la primera querella contra un magistrado en el marco del procés independentista catalán.
Piden el cese de Aguirre
Los querellantes solicitan como medida cautelar el cese provisional del magistrado en la investigación que se sigue en el juzgado y que atribuye a Puigdemont, Alay y Boye un delito de traición que no estaría incluido en la Ley de Amnistía. El TSJC debe decidir ahora si admite o no a trámite el caso, tras consultar con la Fiscalía.
Según el ordenamiento jurídico, el delito de prevaricación castiga con penas de inhabilitación de entre dos y seis años a los togados que dicten una resolución injusta a sabiendas. El de malversación, por su parte, está castigado con penas de hasta ocho años de cárcel.