La Justicia catalana suspende el decreto lingüístico que reforzaba al catalán en las escuelas

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido el último decreto lingüístico, que aprobó el Govern en funciones, al considerar que tiene «apariencia de inconstitucionalidad» y vulneraría derechos lingüísticos de los alumnos si se produce su aplicación. De hecho, considera que se podría situar al español en una situación «marginal» con relación al catalán.

De hecho, en el auto, el tribunal deja claro que «la norma aquí impugnada da cobertura a acciones educativas que puedan situar en una posición marginal a la lengua castellana en la enseñanza, puesto que únicamente se garantiza la posición prevalente y vehicular del catalán y, en su caso, del aranés, intensificando el modelo único inmersivo de enseñanza gratuita para todos los alumnos y alumnas».

Y no solo eso. En su resolución, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña deja claro que este último decreto emana del decreto ley sobre proyectos lingüísticos aprobado por el Govern en 2022 y la ley sobre el catalán del Parlament, que prohíben el uso de porcentajes en la enseñanza de lenguas. Legislación que se aprobó a toda prisa para evitar aplicar otras sentencias del TSJC y del Tribunal Supremo que obligaban al gobierno catalán a impartir más educación en español. Precisamente, el Alto tribunal catalán elevó una cuestión de inconstitucionalidad por estas normas al Constitucional.

El decreto ahora suspendido y que aprobó el gobierno catalán estando ya en funciones, blindaba a las direcciones de los centros educativos ante posibles demandes judiciales si no cumplían sentencias de los tribunales ordenando que ofrecieran más educación en español. En concreto, la norma, desplegaba el título 2 de la Ley de Educación de Cataluña de 2009, que permite a la Generalitat mantener el catalán como única lengua vehicular garantizada haciendo caso omiso a diferentes sentencias judiciales que exigen que el español tenga la misma consideración que el catalán.

La fiscalía se opuso al recurso de la AEB

Desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe han mostrado su satisfacción por esta decisión del TSJC. Su presidenta, Ana Losada, ha explicado que el decreto lo que pretendía era «reglamentar al máximo nivel una situación que ya vulnera derechos lingüísticos de los alumnos desde alce años y bloquear cualquier intento de que dejara de suceder esto en las aulas en Cataluña».

Losada ha recordado que la AEB presentó este recurso contra el decreto, contra el que se opuso la Generalitat, pero también la fiscalía y otras asociaciones independentistas «que luchan por el monolingüismo institucional y educativo en Cataluña». Y ha dejado claro que la entidad seguirá trabajando por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña, aunque lamenta que lo tendrá que hacer «en solitario», mientras que no haya un gobierno catalán «que respete» estos derechos y un «gobierno central que no cumpla con sus funciones».