El TC declaró anticonstitucional en 2010 la posibilidad de que Cataluña se quede con la recaudación fiscal

La petición de ERC y Junts de solicitar un concierto económico para Cataluña no es un debate nuevo. Cuando Cataluña redactó su anterior Estatuto de Autonomía, en 1979, Jordi Pujol rechazó está posibilidad porque consideraba que recaudar desde la Generalitat daría mala imagen a la nueva Administración.

La idea de Pujol era inaugurar hospitales y carreteras, pero que los problemas derivados de la gestión fiscal quedaran en manos de estado.

Cuando en 2006, con Maragall en el gobierno autonómico apoyado por ERC y lo que hoy sería Sumar, se procedió a redactar un nuevo Estatuto, la propuesta volvió a estar sobre la mesa. De hecho, se incluyó en el articulado que obtuvo luz verde en el Parlament, pero la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2010 anuló la posibilidad de que Cataluña tuviera pre establecida una cantidad económica garantizada.

Asimismo, el Constitucional anuló los artículos que hacían referencia a que la Agencia Tributaria Catalana tuviera competencias plenas en materia de inspección o capacidad de modificar la normativa de haciendas locales.

La propuesta de concierto económico también fue planteada por Artur Mas, tanto a José Luis Rodríguez Zapatero, en el llamado pacto del tabaco, como a Mariano Rajoy. El primero sorteó el envite incrementado los porcentajes de cesión de impuestos y el segundo rechazó tal posibilidad.

La negativa de Rajoy fue una de las excusas utilizadas por Artur Mas para convocar el primer referéndum ilegal de independencia de noviembre de 2014.

Los socialistas pretenden lograr el apoyo de ERC a la investidura de Illa desempolvando la propuesta de creación de un consorcio mixto Estado-Generalitat que recaude todos los impuestos. La idea, lejos de ser una novedad, estaba incluida en el articulado del Estatuto aprobado en 2006 y, además, se fijaba un periodo de 2 años para poder desarrollar dicho consorcio.

La realidad es que ni el gobierno de Rodríguez Zapatero, que se mantuvo en el poder hasta cinco años después, en 2011, ni ahora el de Pedro Sánchez, en Moncloa desde hace más de seis años, han tenido interés alguno en desarrollar el consorcio hasta que han tenido que pensar como satisfacer las demandas de ERC a cambio de que estos den su visto bueno a la investidura de Salvador Illa.

El Estatuto

El Estatuto preveía en su redacción inicial que Cataluña tendría garantizada una inversión por parte del Estado equivalente a su aportación al PIB, que en aquel momento se fijaba en el 18,5%. El Constitucional anuló este artículo en su sentencia posterior.

En este contexto normativo, la petición de ERC para que Cataluña sea la que recaude todos los impuestos podría ser atendida dentro de la ley, parcialmente, si los republicanos aceptan que ese organismo recaudador esté participado por el Estado, pero de ninguna manera se puede encajar la exigencia de que todos los impuestos se queden en Cataluña y luego esta comunidad, siguiendo el modelo vasco o navarro, pague al estado una pequeña cuota de solidaridad, dado que el Constitucional, presidido en aquel momento por alguien nombrado a propuesta socialista, como María Emilia Casas, ya dictamino la inviabilidad de la propuesta.

Los expertos consultados por El Debate creen que la petición de ERC implicaría una reforma del Estatuto de autonomía y también de la Constitución.

Por su parte la organización empresarial Empresaris de Catalunya se ha posicionado en contra dado que consideran que las empresas catalanas que cuentan con filiales en otros lugares de España serán víctimas de una doble fiscalidad y de una maraña administrativa que dificultará su desempeño.