El gobierno catalán complica la ampliación del aeropuerto aumentando la protección de aves en el Llobregat

El Gobierno de la Generalitat nunca ha visto con buenos ojos la ampliación del aeropuerto de Barcelona. De hecho, no ha movido ni un solo dedo para que pueda ser una realidad, a pesar de que lo aceptó, a regañadientes, tras llegar a un acuerdo con el PSC para que se aprobaran los presupuestos de 2023. ERC no quiere ni oír hablar de la construcción de una tercera pista. Y lo que hizo la Generalitat, para aparentar que hacía algo, era crear una comisión que estudiara esa ampliación y que, evidentemente, no ha concretado nada.

Pues bien, ahora, el gobierno catalán en funciones ha puesto otra traba más para evitar o al menos para complicar más que el aeropuerto crezca. Para ello, ha aprobado ampliar un 157% la ZEPA (Zona de Especial Protección de las Aves) del delta del Llobregat, también la LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y desplegar un paquete de medidas para reforzar la protección de esta área cercana al aeropuerto.

Y ahí está uno de los problemas. Se ha pasado de tener unas mil hectáreas protegidas, a 2.407. Eso implica, según aseguraba la portavoz del Govern, Patricia Plaja que «se aumenta la exigencia y la necesidad de cumplir unas condiciones» ante una posible ampliación del aeropuerto. Es cierto que el Estado podría llevar a cabo la obra, pero ya no sería tan fácil.

Plaja aseguraba que «hoy lo que hay, es cierto, es una línea roja que marca una protección del medio ambiente». En definitiva, este paso de la Generalitat obligaría al Gobierno a mover ficha y advertía: «si el gobierno español, a espaldas de lo que piensa el conjunto de la sociedad catalana y sin tener en cuenta a los agentes implicados, quiera tirar adelante una hipotética ampliación, solo sería posible por razones imperiosas, de interés público de primer orden. Hay un artículo que lo contempla».

Aun así, a la portavoz del Govern le sorprendería que el Ejecutivo decidiera tomar una decisión de este tipo, de forma unilateral y «sin escuchar los intereses de la administración catalana» y también «costaría de entender, además de que debería iniciar los procedimientos legales para cambiarlo».

El Govern justifica este paso porque a raíz de una denuncia de DEPANA del 2003, la Comisión Europea envió un requerimiento judicial a la Generalitat y a España en el que les reprochaba que no se hubieran tomado medidas para proteger el delta del Llobregat después de los efectos de la última ampliación del aeropuerto y del puerto de Barcelona. Y fruto de ese requerimiento, el Govern se comprometió a redefinir la ZEPA y el torno metropolitano del río y la desembocadura.

¿Y un gobierno en funciones puede tomar una decisión de este tipo? Desde el departamento de Acción Climática lo defienden porque «tiene plena vigencia» y, en cualquier caso, si al gobierno entrante no le pareciera bien la medida, debería aprobar otro acuerdo para tumbarla.

Críticas a la decisión

También desde la Generalitat sacan pecho por el «diálogo constante» con los sindicatos agrarios Unió de Pagesos y JARC, entidades ecologistas o la Red para la Conservación de la Naturaleza. Sin embargo, no ha contado con los sectores más críticos. Es el caso del Instituto Agrícola Catalán, que acusa al Govern de estar «incumpliendo» dos mandatos aprobados por el Parlament sobre la ampliación de la ZEPA, y que demostrarían que hay «una amplia mayoría transversal» para «descartar» esa ampliación.

Y no solo eso. También advierte la entidad que Cataluña se arriesga a un expediente sancionador y a una «multa millonaria» por parte de las autoridades europeas. En un comunicado, el Instituto Agrícola considera que las políticas que se han intentado llevar a cabo en el entorno han sido un «cúmulo penoso de desorden, falta de rigor científico-técnico, prejuicios ideológicos e incompetencia política».

Y considera un contrasentido que «multiplique por 2,5 la actual superficie protegida», mientras pretende conservar «una cierta actividad agroalimentaria subvencionada con severas restricciones». No hay que perder de vista que en esa zona hay industria agrícola y la decisión puede interferir en algunas explotaciones. También apunta el Instituto a la «compra de voluntades» en unas eventuales elecciones.

Hasta el propio presidente de Aena, Maurici Lucena, ha criticado y ha lamentado las trabas que está poniendo la Generalitat, lo que considera un «muy grave error» porque «afectará negativamente» a la economía catalana. Mientras tanto, Barajas se va ampliando con el objetivo de llegar a una capacidad de noventa millones de pasajeros, y en El Prat solo se contemplan remodelaciones más puntuales de la T1 «para adecuarla a los nuevos filtros de seguridad y mejorar la experiencia de cliente» en la zona de facturación.