El Govern también consigue que el Estado reconozca que Companys fue represaliado por ser presidente de la Generalitat

La Generalitat ha sacado pecho porque, por primera vez, el Estado ha reconocido formalmente que los tribunales que condenaron a Lluís Companys fueron «ilegales e ilegítimos», y también que fue represaliado por ser presidente de la Generalitat. Así lo ha explicado la portavoz del Govern, Patricia Plaja, que ha celebrado que «finalmente se repara un agravio que ha durado demasiados años» hasta que el Gobierno «ha emitido esta declaración de reparación».

Según el Govern, el Estado ha declarado nulas las sentencias y las resoluciones judiciales contra Companys, tanto las de la Guerra Civil como las de la dictadura, y ha reconocido que «la condena fue injusta» porque se tomó la decisión de fusilarlo por haber sido abogado de los sindicatos únicos y de la CNT; por haber organizado la Unión de Rabassaires; por haber fundado ERC, por haber proclamado la República el 14 de abril de 1931 y por cargos públicos ejercidos durante la Segunda República, como el de presidente de la Generalitat. Y, como decíamos, anula sentencias contra él, como la que acabó con su fusilamiento en 1940.

Patricia Plaja se ha felicitado porque casi 84 años después de su ejecución, el Estado reconoce de forma oficial que Companys fue represaliado, condenado y fusilado por ser el máximo representante de la Generalitat, así como por razones «políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra de España o la dictadura posterior».

Además, y según el Govern, el ejecutivo de Pedro Sánchez reconoce el derecho de Companys al reconocimiento y a la reparación moral, así como a la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva. Una decisión que llega después de que, en noviembre del año pasado, el Consejo Ejecutivo de la Generalitat aprobara un acuerdo para pedir al Estado la formalización de la nulidad de las sentencias contra Companys.

De forma paralela, la Dirección General de Memoria Democrática emitió un oficio dirigido al Ministerio de la Presidencia para que incluyera la nulidad de los expedientes judiciales correspondientes y emitiese esa declaración de reconocimiento y de reparación personal.

Y en 2009, el intento llegó por parte de la nieta de Companys. Entonces, ha recordado patricia Plaja, la petición se saldó con una declaración en la que se reconocía que fue «injustamente condenado a muerte por un consejo de guerra» y que sufrió violencia por razones políticas e ideológicas. Pero esta respuesta se consideró, tanto por parte de la familia, como por parte del Govern, de insuficiente.