El preacuerdo aprobado entre PSC y Comunes cierra la puerta al Hard Rock esta legislatura

La líder de los Comunes, Jéssica Albiach, ha anunciado este martes el acuerdo alcanzado entre su formación y el PSC para investir a Salvador Illa. Un documento que Albiach ha querido vender como un portazo al macrocasino Hard Rock proyectado en la costa de Tarragona, que fue uno de los caballos de batalla de la formación durante la campaña electoral y el motivo de que se celebrasen las elecciones, al frustrar los presupuestos de 2023.

El acuerdo con los Comunes da un paso más respecto al documento presentado por ERC –que incluía incrementar la fiscalidad de los casinos del 10% al 55%, echando atrás la rebaja aprobada en el 2014–, y deja por escrito que el gobierno de Illa «no facilitará proyectos como el macrocasino de Hard Rock», y que por ello «se eliminará la reducción de la fiscalidad del juego prevista en la Ley 6/2014».

«Compañeros y compañeras, lo hemos conseguido: el Hard Rock no se hará en Cataluña», ha asegurado Albiach en su comparecencia. El acuerdo también recoge que en esta legislatura no se impulsará el llamado Cuarto Cinturón hasta Granollers (Barcelona), pero no incluye mención a una posible ampliación del Aeropuerto de Barcelona – El Prat.

Vivienda

El texto, avalado por el 98,4% de los miembros del Consell Nacional que han participado en la votación, contempla un paquete de medidas de vivienda. Han acordado impulsar un programa urgente de fomento de vivienda protegida y promover la construcción de 50.000 pisos nuevos hasta 2030 para dar respuesta a la demanda de vivienda social y asequible, de los que 15.000 deberá impulsar el Incasòl.

El documento también contempla destinar, como mínimo, 350 millones de euros en los próximos cuatro años para ampliar el parque público de alquiler en 5.000 viviendas y que formen parte de «un plan de choque para dejar a ero las mesas de emergencia».

Antes de acabar el año, PSC y Comunes se comprometen a impulsar la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para extender los derechos y deberes de los contratos de larga duración o residencia habitual a los contratos de temporada o por habitaciones. Además, prevén limitar la duración máxima de un contrato de temporada a seis meses.

Además, quieren aprobar un régimen sancionador para los que incumplan la regulación del precio de los alquileres. Se abre la puerta a un impuesto contra la especulación y un registro de grandes tenedores para luchar contra las viviendas vacías. Además, se comprometen a rehabilitar 150.000 viviendas en siete años para incorporarlas al parque de vivienda protegida.

Educación y sanidad

En educación, han pactado avanzar hacia el 6% de inversión pública; recuperar progresivamente la sexta hora en la escuela pública; implementar el servicio de comedor escolar en todos los centros; impulsar actividades extraescolares gratuitas, así como garantizar la oferta pública y gratuita de los 0 a los 3 años en toda Cataluña.

En sanidad, quieren reforzar la atención primaria y garantizar que la visita se produzca en un máximo de 48 horas. También prevén crear un psicólogo gratuito orientado a jóvenes y adolescentes en todos los municipios de más de 50.000 habitantes, desplegar el dentista público y mejorar las condiciones laborales y salariales del sistema sanitario público.

El documento recoge otros puntos relacionados con derechos sociales, como la creación de 6.000 nuevas plazas residenciales, en centros de día y atención domiciliaria; la revisión de la estrategia catalana contra la pobreza infantil y aprobar la reforma de la Ley de la Renta Garantizada para hacerla compatible con el Ingreso Mínimo Vital, entre otras medidas.