Regreso de Puigdemont
¿Cuál es la pena de cárcel a la que se enfrentaría Puigdemont si es detenido?
El líder independentista se enfrenta a cargos de malversación agravada y desobediencia
Carles Puigdemont ha vuelto a España tras siete años de exilio autoimpuesto con la intención de frenar la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Una hora antes del Pleno, que ha comenzado a las 10.00 horas de este mismo jueves 8 de agosto, el líder independentista ha ofrecido un discurso en un escenario ubicado bajo el Arco del Triunfo de Barcelona, tras el cual, ha desaparecido sin que los cuerpos de seguridad hayan podido efectuar su detención.
El prófugo de la justicia se enfrenta a a cargos de malversación agravada y desobediencia después de que el Tribunal Supremo rechazara que la ley de amnistía pudiera aplicarse contra estos cargos. Así, en caso de ser detenido, Puigdemont sería trasladado al juzgado de guardia más cercano y puesto a disposición del juez, el cuál le comunicaría su procedimiento por los cargos mencionados.
Las penas a las que se enfrentaría
Si tenemos en cuenta el precedente de Oriol Junqueras, el cual, por los mismos cargos a los que se enfrenta Puigdemont, fue condenado a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación, el prófugo de la justicia podría recibir un castigo similar.
Sin embargo, tras la reforma del delito de malversación aprobada en 2023, las penas previstas para este delito se han reducido y se han establecido entre 4 y 8 años «cuando el valor del perjuicio causado o del patrimonio público apropiado excediere de 50.000 euros», tal y como recoge el artículo 432 del Código Penal.
Es además importante señalar que el líder de Junts podría acogerse al derecho Habeas Corpus, figura jurídica que, tal y como recoge la Ley Orgánica 6/1984 que regula su procedimiento, pretende «establecer remedios eficaces y rápidos para los eventuales supuestos de detenciones de la persona no justificados legalmente, o que transcurran en condiciones ilegales».
Según la norma, se puede obtener la puesta a disposición inmediata de la autoridad judicial competente para las personas detenidas ilegalmente en cuatro supuestos: detenidos por agentes, funcionarios o particulares sin cumplir los requisitos legales; internados ilícitamente en cualquier lugar; retenidos por más tiempo del legal sin ser liberados o entregados a un juez; y aquellos a quienes no se les respeten los derechos garantizados por la Constitución y leyes procesales. Puigdemont podría solicitar este procedimiento si es detenido, argumentando la ilegalidad de su detención. El juez evaluaría la solicitud y, si se niega, Puigdemont podría recurrir al Tribunal Constitucional.