Boye, de ETA a Puchi pasando por Sito Miñanco

El abogado que tira el jueves del brazo del doblemente fugado Puigdemont, ataviado con gorra, camisa blanca y mochila, lo hace porque sabe que está prevista una operación jaula y corre prisa largarse. Por eso, entre bambalinas le grita ¡vamos! ¡vamos! Es Gonzalo Boye Tuset (Chile, 59 años), conocido entre sus colegas por «el Gordo», que organiza una pantomima de sombreros de paja para que el huido se confunda con la gente, se meta con Turull en un coche blanco, propiedad de un policía autonómico, que es conducido por una mujer con discapacidad, que le traslada unos cuantos kilómetros para luego cambiar de vehículo hasta completar el periplo que atraviesa el puesto fronterizo de la Junquera. Es la obra maestra de Boye: dejar en ridículo a España, un país al que odia. Profundamente. Un país al que quiere desestabilizar y contra el que conspira porque lo considera un «Estado represor», a pesar de que lo acogió hace casi treinta años. El mismo personaje acude al Parlament para despistar, para que parezca que su defendido también va a entrar en la Cámara catalana, como había anunciado. Pero el huido ya está a decenas de kilómetros de Barcelona.

Su desprecio por España procede de una condena que le cayó por colaborar con ETA. A Emiliano Revilla lo secuestró la banda en los años 80. Boye, según el fallo que lo encarceló por detención ilegal, era uno de los que vigilaba sus movimientos. Este abogado y editor, que había llegado a España en 1987, fue detenido en 1992, junto a otros dos chilenos, acusado de haber colaborado con ETA en ese secuestro. Quedó demostrado que había seguido sus movimientos para obtener información que posteriormente usaron los terroristas. Se declaró insolvente y nunca pagó la responsabilidad civil por el secuestro, aunque lo justifica porque la familia Revilla no se lo reclamó. Quienes sí lo hicieron fueron las Asociaciones de Víctimas del Terrorismo, pero sin éxito. Lo cierto es que en la sentencia quedó claro que Boye conocía la casa donde se ocultaba el zulo en el que estuvo retenido Revilla. Sin embargo, aún hoy dice que fue condenado injustamente y que algún día reclamará la revisión de la sentencia.

Boye formaba parte del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, una subcontrata a la que ETA le cedió la logística de los seguimientos de sus víctimas. Al chileno le cayeron 14 años de prisión; pero solo cumplió seis en la mítica cárcel de Carabanchel, tiempo que aprovechó para licenciarse en Derecho por la UNED. Desde 2002 está en libertad y desde esa fecha nunca ha dudado cuando se trataba de elegir entre el bien y el mal. Siempre ha optado por lo segundo.

Cuando tuvo que postularse como letrado en el mercado de los malos, optó por los peores: del exempleado de la CIA, Edward Snowden, al okupa Rodrigo Lanza, del narcotraficante Sito Miñanco, pasando por Valtònyc, al rapero que fue condenado por enaltecer el terrorismo, hasta presentar una querella contra seis asesores de Bush por Guantánamo, para acabar con su cliente preferido, Carles Puigdemont, al que ayudó a escapar el pasado jueves ante las narices de todo un país y los ojos atónitos del mundo. Boye también es el ideólogo de la primera huida de Puchi: él le dijo que escapara a Bruselas y jugara al gato y al ratón judicial con España, para erosionar su imagen. Desde 2017 se incorporó a su equipo jurídico y toda la estrategia del expresidente catalán de escaqueo del Tribunal Supremo, a cuyos magistrados este hiperactivo abogado detesta, se la debe a él.

Fue accionista de la revista satírica Mongolia, famosa por sus portadas contra el Rey, pero su último galón se lo ha colgado la Audiencia Nacional, cuya jueza María Tardón le ha enviado al banquillo, donde se sentará en noviembre, junto a su cliente el narcotraficante Sito Miñanco, por presuntamente blanquear dinero sucio de la droga. Al inseparable de Puigdemont se le acusa –la Fiscalía Antidroga pide para él nueve años y medio de cárcel– de colaborar con la red para recuperar dinero que la policía interceptó a uno de los «correos urbanos» de la banda y de falsificación documental. Él siempre se ha defendido hablando de lawfare por ser el abogado de los separatistas, pero la justicia tiene suficientes pruebas contra él para seguir con el procedimiento.

Amigo personal del exministro Alberto Garzón, es propalestino, jugador de rugby, su padre era un periodista contrario a Pinochet y su madre tenía orígenes catalanes. Vivió en Alemania y por eso tiene doble nacionalidad alemana y chilena. Llegó a hacerse un documental hagiográfico sobre su vida que solo reunió a menos de 40 espectadores en el cine. Padre de dos hijas, tiene un bufete de abogados con el que ha acumulado una importante fortuna, que atesoró también con sus negocios en periódicos de la órbita de la izquierda. Urdió traducir mal al francés una frase dicha en una conferencia por el instructor Llarena, el magistrado que mantiene la orden de detención contra su patrocinado, para conseguir apartarle del caso por no respetar la presunción de inocencia de los encausados del procés. Pero le pillaron.

Hoy nadie duda de que la ley de amnistía la ha redactado Boye para que el traje encajara perfectamente con las hechuras de su cliente Carles. Sin embargo, esa justicia a la que desprecia sigue creyendo que su fugado preferido tiene que pagar por usar dinero público para sus delirios. Por eso, solo le quedaba ya convertir a su defendido en un bufón escapista entre gorros de paja.