Fraude fiscal imagen ilustrativa
De promesa a pesadilla: el fraude detrás de la Torre Barcelona en Bogotá
Ante las demandas de los inversores, tanto Vendrell como Serra han alegado que la Torre Barcelona, a pesar de ser un proyecto emblemático, ha sido deficitaria desde su inauguración
Xavier Vendrell, conocido como el cerebro detrás de Tsunami Democràtic y actual asesor del presidente colombiano Gustavo Petro, junto con Oriol Serra, propietario de la cadena hotelera Yurbban Hotels, enfrentan serias acusaciones de fraude fiscal por parte de un grupo de inversores. Las acusaciones giran en torno a la Torre Barcelona, un imponente edificio de 28 pisos en Bogotá, que Vendrell y Serra promovieron como una inversión segura para cientos de personas.
Un proyecto ambicioso convertido en pesadilla
La Torre Barcelona, que se presentó como la joya de la corona de las inversiones inmobiliarias de Vendrell en Colombia, fue diseñada para albergar a estudiantes universitarios. Con un total de 28.000 metros cuadrados, 400 inversores compraron habitaciones a un precio de 200 millones de pesos colombianos (aproximadamente 45.241 euros) con la promesa de obtener un retorno anual de 20 millones de pesos (unos 4.500 euros). Sin embargo, desde su inauguración en 2020, los inversores solo han recibido una fracción de lo prometido, apenas un 20 % de la cantidad estipulada, lo que ha generado desconfianza y malestar.
Oriol Serra, socio de Vendrell y figura destacada en el sector hotelero de Barcelona, es también propietario de The Spot y Uma, negocios que operan bajo el paraguas de Yurbban Hotels. En esta compleja estructura empresarial, The Spot es la encargada de gestionar el alquiler de las habitaciones de la Torre Barcelona, cobrando comisiones anuales que alcanzan los 1.000 millones de pesos (unos 226.000 euros) si se cumplen los objetivos marcados.
Ante las demandas de los inversores, tanto Vendrell como Serra han alegado que la Torre Barcelona, a pesar de ser un proyecto emblemático, ha sido deficitaria desde su inauguración. Según ellos, la pandemia de Covid-19 redujo drásticamente la matrícula universitaria en Bogotá, lo que afectó la demanda de habitaciones en la torre. Sin embargo, los inversores desconfían de esta explicación, pues aseguran que, según los contratos firmados, la rentabilidad no debía depender exclusivamente del mercado estudiantil y que la empresa se comprometió a garantizar un retorno durante los primeros cuatro años, algo que no ha sucedido.
En el trasfondo de esta polémica también aparece Manuel Grau Pujadas, un catalán residente en Colombia desde 2012 y aliado cercano de Vendrell y Serra. Grau, quien ha sido nombrado por el presidente Petro como miembro de la junta directiva de la Central de Inversiones S.A. (CISA), tiene un papel influyente en el gobierno colombiano. Su conexión con la primera dama, Verónica Alcocer, y su involucramiento en la formulación de políticas de «economía popular» han sido cruciales para su ascenso en la administración de Petro. Este vínculo político añade una capa de complejidad a las acusaciones, dado que tanto Vendrell como Grau han obtenido la nacionalidad colombiana gracias a sus lazos con el gobierno.
El caso de la Torre Barcelona pone en evidencia las tensiones y las dudas que rodean a este proyecto inmobiliario, así como las complicadas relaciones entre los actores involucrados. A medida que los inversores continúan buscando respuestas y justicia, la situación sigue evolucionando, con implicaciones potencialmente significativas tanto en Colombia como en Barcelona.
