La Generalitat pide a los hosteleros que ignoren al Gobierno y envíen los datos de turistas solo a ellos

El próximo 1 de octubre está previsto que entre en vigor el nuevo registro obligatorio de viajeros del Gobierno, que obligará a los establecimientos hoteleros y a los negocios dedicados al alquiler de vehículos a reportar una mayor cantidad de datos de cada cliente, a través de una plataforma diseñada por el Ministerio del Interior.

Interior asegura que esta nueva norma se debe a motivos de seguridad y forma parte de la lucha antiterrorista, pero su implementación está causando mucha polémica en el sector, con críticas por parte de entidades como la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos o la Asociación Española de Turismo Rural.

En concreto, lamentaban las molestias para los viajeros, la multiplicación de requisitos «imposibles de cumplir» y el «caos» que puede provocar la aplicación de este registro, con su correspondiente amenaza de multas y sanciones. Se trata de una medida recogida en un Real Decreto publicado en octubre de 2021, pero cuya entrada en vigor se ha ido prorrogando durante años, hasta el mes que viene.

La Generalitat ningunea a Interior

Frente a esta polémica, la Dirección General de la Policía de la Generalitat de Cataluña ha envió el pasado agosto un comunicado a los empresarios turísticos catalanes en el que les insta a ignorar el requerimiento del Gobierno y a consignar los datos de los clientes «únicamente» en la plataforma de la Generalitat, en caso de que el establecimiento esté ubicado en territorio catalán, «con independencia de que pertenezca a un grupo empresarial con sede social fuera de Cataluña».

«Una vez registrados los datos, se considera que los sujetos obligados han cumplido con sus obligaciones legales, sin necesidad de haber de completar ni repetir ningún registro en ninguna otra plataforma informática», añaden, y concluyen que «la Generalitat será la responsable de transferir los datos al sistema integrado estatal común».

Todo ello en virtud de un acuerdo de coordinación firmado en la Junta de Seguridad de Cataluña entre el Gobierno y la Generalitat en noviembre de 2021, días después de la publicación del Real Decreto, en el que se acordó que sería el departamento de Interior catalán quien recogería los datos.