Junts pide al Govern que emprenda acciones legales contra los jueces que no cumplan la amnistía

Junts presiona al ejecutivo de Salvador Illa con la ley de amnistía, y también apuesta por el «concierto económico», mientras que ERC defiende un referéndum de autodeterminación para Cataluña y la propuesta de financiación singular. Son algunas de las cuestiones que recogen las propuestas de resolución presentadas por los partidos en el marco del Debate de Política General que se celebra en el Parlament. El Partido Popular defiende una mejora de la financiación pero acordada con el resto de comunidades autónomas.

Junts, que se ha presentado como la alternativa en este debate, pedirá al gobierno de Salvador Illa que «emprenda las acciones legales ante las instancias necesarias contra las autoridades judiciales que se nieguen a aplicar la ley de amnistía». Es una de las cuestiones que plantea en sus propuestas de resolución el grupo parlamentario, que también pide al presidente de la Generalitat que «no normalice» las relaciones con la Casa Real, con el rey Felipe VI hasta que no «pida disculpas» por el discurso que hizo el 3 de octubre de 2017.

En otra de las iniciativas, la formación de Carles Puigdemont defiende, para Cataluña, el «concierto económico», que se tendría que canalizar fuera de la LOFCA, fuera del régimen común. Para los independentistas, debería tenerse en cuenta «una metodología para calcular la cuota que la Generalitat pagará al Estado» por los servicios prestados y una «aportación solidaria» que tendría que decidir de forma «exclusiva» Cataluña.

ERC, por su parte, defiende el referéndum acordado como el «mejor instrumento» para resolver lo que califica como conflicto político. En esta línea, también reivindica la aplicación «plena» de la amnistía, la financiación singular y dimensionar la Agencia Tributaria de Cataluña para recaudar el IRPF, con la mirada puesta en 2026.

Sobre otras cuestiones, insta al Govern a mantener la Oficina del Plan Piloto de la Renta básica Universal. Recordemos que se trata de un proyecto que contempla otorgar una renta de 800 euros para personas adultas y de 300 para los menores de edad durante dos años. Su coste sería de unos 40 millones de euros. El Gobierno de Illa ha anunciado que quiere rediseñarlo.

Y sobre el catalán, los republicanos quieren que el Parlament defienda el modelo de escuela catalana en el que, el catalán, como lengua «propia» de Cataluña, es la lengua «normalmente utilizada» como lengua vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo y en la acogida de inmigrantes.

El PSC también recoge la financiación singular en su propuesta de resolución y añade el calificativo de «solidario», con el objetivo de que la Generalitat gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos a través de la Agencia Tributaria de Cataluña. Los socialistas recogen, de esta forma, el pacto alcanzado con ERC.

Sobre lo que llama resolución del «conflicto político», el PSC quiere que la Generalitat mantenga un «diálogo» con actores políticos y sociales catalanes para buscar esa solución basada «en un consenso amplio de la sociedad catalana» y que «aborde las cuestiones de fondo que ha sido su origen».

PP y Vox

El PP catalán también habla de financiación en alguna de sus propuestas de resolución, pero para instar al Govern a que trabaje con el resto de autonomías para consensuar un nuevo modelo que tendría que acordarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y, en este sentido, pide la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes Autonómicos.

En clave fiscal, los populares apuestan por una rebaja impositiva general y suprimir el impuesto de sucesiones y de patrimonio. Y con relación a las infraestructuras, defienden que se complete la B-40 hasta Granollers, o el proyecto del Hard Rock en Tarragona.

Al contrario que ERC, el PP defiende en una propuesta de resolución, que se valore «la configuración bilingüe» de la sociedad catalana. Y también pide que se garantice los derechos lingüísticos en la educación para que las dos lenguas oficiales de Cataluña, español y catalán, sean vehiculares, y que el inglés tenga una «presencia equilibrada». El PP insta a que se acaben «con las sanciones lingüísticas» para aquellos comercios que rotulen en español.

Vox presenta varias propuestas relacionadas con la lucha contra la multirreincidencia, el control de la inmigración o la oposición a la «islamización de Cataluña». El objetivo de la formación es «obligar al resto de partidos a posicionarse» sobre estas cuestiones. Así, por ejemplo, se instará al Gobierno a endurecer el Código Penal para incluir las estafas con la agravante de multirreincidencia, aumentar las penas y, en el caso de que quien delinca sea un extranjero, sustituir la prisión por la expulsión del territorio nacional.

También someterá a votación en la cámara una propuesta para instar al Gobierno a derogar la ley del «solo sí es sí»y sustituirla por una que aumente las penas a violadores, pederastas y agresores sexuales. También pedirán que la Generalitat bonifique el 100% del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Sobre islamismo, Vox pedirá cercenar todos los vínculos con la Liga Árabe y cancelar el programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí financiado por la Generalitat.

Comunes y CUP

Los otros socios de Salvador Illa, los Comunes, quieren que el Govern descarte el proyecto de ampliación del aeropuerto del Prat, que no facilite el hard Rock y que reduzca el número de cruceros que pasan por el Puerto de Barcelona.

La CUP pide regular los precios de la vivienda de alquiler y regular de forma urgente el alquiler de temporada y de habitaciones. Reclamará al ejecutivo que en un período máximo de seis meses se ponga en marcha el proyecto de la prueba piloto de la Renta Básica Universal, y también instará al Govern a no ampliar las terminales relacionadas con el transporte marítimo y aéreo turístico, y limitar el turismo.