La Generalitat quiere regular a toda costa los alquileres de temporada tras fracasar sus políticas de vivienda

Las administraciones catalanas tienen ahora en el punto de mira al alquiler por temporada, que quieren regular a toda costa. Lo ha anunciado el gobierno de la Generalitat; los grupos de izquierda en el Parlament también aprobaron una propuesta de resolución en el pasado Debate de Política General que iba en esta línea; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha llegado a un principio de acuerdo con los Comunes para hacer lo mismo.

Desde la Generalitat, el conejero de Presidencia, Albert Dalmau, ha asegurado que el gobierno catalán hará «todo lo que esté en sus manos» para regular estos precios, y ha avanzado que se está trabajando «con el régimen sancionador». También el consejero ha precisado que se está trabajando con el Gobierno para avanzar en la regulación de los alquileres de temporada, ya que, una medida de este tipo, se puede impulsar desde el ámbito estatal, aunque la Generalitat también va a estudiar «las competencias que pueda tener para dar respuesta» a esta problemática.

¿Cuál es el problema? Que las regulaciones que han llevado a cabo las administraciones para regular el precio del alquiler no están teniendo el efecto deseado. Sí es cierto que el precio del alquiler en los municipios considerados zonas tensionadas, bajó un 5 % entre abril y junio en Cataluña. La otra cara de la moneda es que la oferta ha bajado, y de forma considerable: los nuevos contratos de alquiler se han desplomado un 17,2 %. Es un porcentaje muy superior al de otros municipios sin zonas tensionadas, en los que sí, hay menos alquiler disponible, pero solo ha descendido un 1,6 %.

Esos datos recogen los precios de los 140 municipios que, inicialmente, estaban incluidos en esas áreas. Ahora, habrá que sumarles los 131 que se han incorporado no hace ni una semana. Se trata de municipios de más de 2.000 habitantes y en los que dedican más del 30 % de los ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca, incluidos suministros básicos, o que el precio del alquiler o la compra ha aumentado al menos tres puntos más que el IPC en los últimos cinco años.

Efectivamente, como decíamos, la medida, el tope del alquiler, ha funcionado. Según datos del Incasol, el Instituto Catalán del Suelo, organismo que depende de la Generalitat, entre abril y junio, el precio medio del alquiler se situó en esas zonas tensionadas (140 áreas) en unos 865,56 euros, un 5 % menos que los tres primeros meses del año. Si se compara con el mismo período del 2023, aumentaron ligeramente, un 0,1 %. En las zonas no consideradas tensionadas, esa reducción del precio del alquiler fue menor, solo de un 0,6 %. En la ciudad de Barcelona también se ha notado esa rebaja, el precio medio se ha frenado un 5,2 %, y se ha situado en los 1.131,75 euros.

Pero el gran problema es la reducción de la oferta de pisos de alquiler. Un 17% en las zonas tensionadas, y en la Ciudad Condal, un 14,5% menos. Son datos del segundo trimestre de este 2024. No hay pisos en el mercado. Y es que los propietarios optan por acudir al alquiler de temporada, donde no existe ese tope de precios.

Normas que castigan a la propiedad

El problema, según explica Óscar Gorgues, gerente de la Cámara de la Propiedad de Barcelona, tiene su origen en todas las medidas que se han ido aplicando a lo largo de los últimos años y que castigan a la propiedad. Esto, asegura, «está generando una retirada masiva de vivienda de alquiler del mercado. Estas son las consecuencias más graves. Si lo que se pretendía era que hubiera vivienda de alquiler que diera salida a la demanda, están consiguiendo exactamente lo contrario».

Además, Gorgues señala que la administración no ha hecho los deberes y no se han hecho viviendas sociales. Solo hay que recordar la promesa del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el último debate de política general: se van a construir 50.000 viviendas públicas hasta el 2030. Pero esta promesa, ni más ni menos, la hizo hace catorce años otro presidente de la Generalitat socialista, José Montilla. También lo prometió Pere Aragonès la pasada legislatura. Pero no hay rastro de esos pisos.

Pero lo que sí ha hecho la Generalitat, estos últimos años, es regular y en una dirección muy concreta: controlar al propietario, y especialmente la figura del gran tenedor. Pero en ningún momento se ha buscado el equilibrio entre oferta y demanda, y lo que está ocurriendo, según Gorgues, es que «hay gente buscando vivienda de alquiler y no la encuentra, y están en una situación desesperada porque no pueden ir ni a visitar un piso, ni hacer oferta alguna, porque están totalmente fuera del mercado. Esta situación, que es gravísima, es la que se ha conseguido a base de medidas populistas que han intentado proteger, de una forma desmedida, a los inquilinos». Y el resultado final es que «se acaban alquilando muy pocos pisos a un precio más bajo, pero claro, dejando el coste de dejar fuera del mercado a muchísima gente», precisa el gerente de la Cambra de la Propiedad de Barcelona.

Y regulación, tras regulación, se han ido perdiendo pisos que han ido hacia la compra-venta o al alquiler de temporada, donde no existe ese precio máximo. Este tipo de alquiler ha aumentado de forma exponencial, y según recuerda Lorenzo Viñas, presidente del Colegio de Administraciones de Fincas de Barcelona y Lérida, «este tipo de contratos de temporada son perfectamente válidos y legales, y los propietarios no están infringiendo nada». Considera que «no deja de ser otra salida del parque residencial de alquiler», y por, este motivo, añade, los precios son difíciles de controlar para que bajen.

Ocupaciones ilegales

Como decíamos, las administraciones se han dedicado a regular y regular sin analizar las consecuencias, dicen los expertos. Y luego, aparecen sentencias como la del Tribunal Constitucional, que ha anulado parte de la ley catalana de la vivienda del 2022. Y, en concreto, la parte que recogía la obligación de los propietarios de ofrecer alquiler social a sus inquilinos si se declaraban vulnerables. El Alto Tribunal, atendiendo un recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, considera que se ha producido una invasión de competencias estatales.

El abogado José María Español considera positiva la sentencia, porque esa ley, tal y como estaba planteada, lo que ha conseguido es que se incrementaran las ocupaciones ilegales de viviendas de forma exponencial: «el camino más corto para conseguir una vivienda social era okupar un piso, porque el propietario estaba obligado a ofrecer un alquiler social. Esto lo que ha provocado es un incremento desmesurado de la ocupación ilegal en Cataluña». De hecho, es en esta comunidad autónoma donde más okupaciones se registran: aproximadamente un 40% del total de España. Y esto, asegura Español, «es precisamente consecuencia de normativas como esta», la que obligaba a ofrecer ese alquiler social.

Y ahora que la Generalitat quiere gular el alquiler de temporada, José María Español avisa que la nueva ley tiene que respetar las competencias estatales, para que no ocurra lo mismo y no se sitúe al sector en un estado de más confusión: «los que alquilan más viviendas no son los grandes tenedores, ni las empresas, sino que estamos hablando de los particulares, que buscan como refugio el alquiler de temporada. Y a partir de aquí, a ver cómo la Generalitat legisla, porque esta sentencia le ha recordado que no tiene competencias en materia de arrendamientos urbanos. Si vuelve a invadirlas, será una ley que se quedaría en nada», precisa el abogado.