Los técnicos de Hacienda ven «difícil» que la Agencia Tributaria de Cataluña esté lista en 2026

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, aseguraba durante la última sesión de control en el Parlament, que su idea era «dimensionar» la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) para cumplir con el pacto alcanzado con ERC, que contempla una «financiación singular» para esta autonomía, y que incluye que este organismo pueda recaudar y gestionar todos los impuestos. El primer horizonte temporal es 2026, cuando Cataluña gestionaría el IRPF. ¿Pero está preparada la ATC?

No. Es lo que aseguran representantes sindicales, de uno y otro lado, de la hacienda catalana y de la Agencia Tributaria. Solo con voluntad política no se van a cumplir los plazos, porque se necesitan trabajadores, programas informáticos e incluso más edificios. Actualmente, la ATC tiene 874 trabajadores. Salvador Illa habló de multiplicar por cuatro esa cantidad, que aún quedaría por debajo de los algo más de 4.000 con los que cuenta la AEAT en Cataluña.

La Agencia Tributaria de Cataluña gestiona actualmente los impuestos propios, como los que gravan las bebidas azucaradas, los del medio ambiente; y los cedidos, es decir, el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones. Si se acaba llegando a un acuerdo, la idea es que gestione los tres principales impuestos en cuento a recaudación se refiere: IRPF, IVA y Sociedades. En el caso de la declaración de la renta, por ejemplo, la hacienda catalana colabora con la estatal. Pero si en Cataluña se han presentado unos 4,2 millones de declaraciones, la ATC atendió a unos 14.000 contribuyentes.

Teniendo en cuenta estas consideraciones resulta lógico que se tenga que «dimensionar». ¿Pero será posible cumplir y tenerlo todo preparado para 2026? Los trabajadores muestran sus reticencias. José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, lo ve «imposible» si la Generalitat lo intenta con una oferta de empleo público, teniendo en cuenta que sería muy numerosa, y con poco tiempo para prepararla.

Mollinedo explica a El Debate que «lo habitual cuando hay transferencias de servicios, en este caso sería la gestión del IRPF a las comunidades Autónomas, y como ha ocurrido cuando se han producido otras transferencias, es que la administración receptora haga una oferta a las personas que estaban desarrollando ese trabajo». A partir de ahí, asegura, se tendría que tener en cuenta la experiencia de estos trabajadores y por supuesto «que la oferta sea lo suficientemente atractiva».

Y por mejora se entendería, por ejemplo, según este responsable de Gestha, que se aumentaran las condiciones de teletrabajo, que haya una buena perspectiva de mejora en la carrera profesional y también de salario, de retribución. En este caso, podrían estar interesados «personas que ya están afincadas en Cataluña, bien porque son nacidos allí, o porque ya mantienen una relación más estrecha y estable en Cataluña», precisa Mollinedo.

Más traslados de funcionarios de Cataluña a otras CCAA

Eso sí, el secretario general de Gestha deja clara otra cuestión: «los trabajadores que se han incorporado en los últimos años a la Agencia Tributaria estatal, en Cataluña, son mayoritariamente originarios de otras comunidades autónomas, y están deseosos de volver a los territorios donde está el núcleo de sus relaciones vitales, de sus relaciones afectivas o militares». Cataluña, como ya ha denunciado el CSIF en numerosas ocasiones, no es un territorio donde los nacidos en esa comunidad hagan oposiciones para cuerpos estatales. Se cobra mucho más como funcionario de la Generalitat o de los organismos locales.

Y atención a este dato que explica Mollinedo: «De hecho, hay un 30% más de funcionarios que en el último panel de movilidad se han trasladado desde Cataluña a otras comunidades autónomas, no necesariamente por esta cuestión, pero como ocurre todos los años, en cuento hay la menor oportunidad de traslado, no la desaprovechan». Aunque lo cierto es que en este último panel que se aprobó, la solicitud desde Cataluña ha sido de «mayor intensidad».

Y desde la Agencia Catalana, un trabajador nos ha explicado que la Agencia Tributaria estatal cuenta con entre 1.200 y 1.300 personas dedicadas casi en exclusiva a las labores propias de la gestión del IRPF a tiempo completo. Cifra que prácticamente dobla a los trabajadores con los que cuenta la ATC. Pero no se trata solo de trabajadores que están para cubrir la campaña de la renta, para prestar asistencia a los contribuyentes, recuerda este funcionario, sino también el resto de servicios que lleva aparejada la gestión y la comprobación del impuesto.

Según sus cálculos, sería «algo excesivo» multiplicar por cuatro la plantilla actual, al menos pensando solo en el IRPF, pero sí cree que como mínimo se debería triplicar. En cualquier caso, también considera que la única manera para cumplir con plazos y ofrecer un servicio equivalente a la estatal sería concretando un traspaso de personal, y de «buena parte de ese personal», nos apunta este trabajador; además de programas informáticos. Pero tampoco lo ve fácil, porque hay que tener en cuenta las condiciones, y que la parte afectada, los trabajadores de la AEAT, acepten.

Se podría perder información

Y luego hay otra cuestión que preocupa, y mucho, a los técnicos de Hacienda: el traspaso de programas informáticos y cómo canalizar la información. Jose María Mollinedo, secretario general de Gestha recuerda que se han transferido a las comunidades autónomas impuestos estatales, como patrimonio. Pero queda muy lejos, «no tiene nada que ver», añade, con el IRPF. Su recaudación es muy «reducida» si lo comparamos con los casi 90.000 millones de euros de la renta.

Y ya no es solo eso, sino que el impuesto de la renta, apunta Mollinedo, contiene información sensible, porque no solo afecta a un trabajador y en un territorio concreto. Explica que hay profesionales o autónomos que pueden estar realizando operaciones fuera Cataluña. También dice que «hay multitud de cuestiones que la Agencia Tributaria conoce y que facilita a otros ministerios para la gestión de las políticas públicas que se van adoptando».

Y aún precisa más. Gracias a esta información se sabe la composición de la familia; dónde está localizada; cómo está formada; si hay hijos menores de edad; si alguno de sus miembros tiene alguna discapacidad; cuál es su situación; si tienen vivienda de propiedad o en alquiler; si dispone de segundas residencias; cuál es la composición de los ingresos.

Es decir, explica Mollinedo: «hay multitud de informaciones que son muy necesarias para que otros ministerios puedan calcular prestaciones públicas, sin ir más lejos, las prestaciones por desempleo o subsidios posteriores por desempleo». Estas prestaciones, recuerda, «se están llevando a cabo desde el SEPE a nivel estatal». Y luego está que, sin esa información, o sin parte de la información que pueda venir de Cataluña, se hace mucho más difícil el seguimiento y la lucha contra el fraude fiscal.