La «ONG del catalán» demanda a España ante el TEDH por el juicio que garantiza el 25 % de castellano en el aula

Plataforma per la Llengua también ha presentado una demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra España por «la exclusión de las entidades en defensa judicial del proceso judicial del 25 %». Según la entidad, la demanda se ha presentado después de haber agotado todas vías legales en España, teniendo en cuenta que, en julio, el Tribunal Constitucional también inadmitió un recurso de Plataforma que iba en la misma línea.

La llamada ONG del catalán asegura que España «ha violado» tres artículos del Convenio Europeo de los Derechos Humanos: el artículo que prohíbe discriminar y los que fijan los derechos a un juicio «equitable» y a un recurso efectivo. La entidad reprocha al TSJC que desestimara la personación de Plataforma, porque el caso «tenía que ver con la vehicularidad del castellano y no del catalán, para justificar la inadmisión de las entidades en defensa del catalán como partes interesadas». Y, en cambio, recuerda, sí admitió la personación de la Asamblea por una Escuela Bilingüe y de Hablamos Español. Y esta decisión del TSJC, según Plataforma, era «irregular», además de considerar «particularmente ridícula» la argumentación para justificarla.

De forma paralela, la entidad también ha anunciado que ha presentado un recurso al Alto Tribunal catalán para que admita a trámite la recusación del tribunal que en julio suspendió cautelarmente el Decreto de régimen lingüístico del sistema educativo impulsado por el Departamento de Educación.

En este sentido, Plataforma per la Llengua carga contra el juez del TSJC, Javier Aguayo, porque su voto fue clave (en tanto que presidente de la Sala contenciosa-administrativa) para deshacer el empate en este proceso judicial y excluir a las entidades que defienden el catalán. Dos de los cinco miembros del TSJC emitieron un voto particular discrepando de la decisión del juez con el mismo argumento que defiende Plataforma.

Pues bien, según asegura, la intervención de este juez en el caso «ha vulnerado los principios de defensa básicos», porque en diciembre de 2020, un día antes de que se emitiera la conocida como sentencia del 25%, «se aprobaron una serie de normas sobre la composición de las secciones y los tribunales del TSJC que permitieron la asignación irregular de Aguayo». Y en concreto, asegura Plataforma, «el juez podía escoger intervenir en el caso». Por todo ello, considera que, directamente, se tendría que anular ese sentencia «que imponía el mínimo del 25%» por no ajustarse, dice la entidad, «a las garantías del derecho constitucional».

Recordemos que Òmnium Cultural, en la misma línea, también presentó hace unos días una demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en la que argumenta que la justicia española «discrimina y excluye» a las entidades que defienden el catalán al impedirles ser parte implicada en el juicio que «amenaza al conjunto de escuelas de Cataluña».