Un experto en terrorismo explica por qué Cataluña lleva 30 años siendo el principal nodo yihadista de España

Hace unos días trascendía que una de cada tres operaciones antiyihadistas en España durante lo que va de 2024 ha tenido lugar en Barcelona, y que Cataluña lidera este ránking, con 16 detenidos en diez meses, según las cifras del Ministerio del Interior. No obstante, esta preeminencia del territorio catalán en la lucha contra el terrorismo islámico no es nueva, ya que viene siendo la norma desde hace décadas.

Según Interior, desde 2012, en las cuatro provincias catalanas se han realizado 116 operaciones antiyihadistas, que se han saldado con 172 detenidos. «Cataluña es el principal nodo yihadista de España desde mediados de los años 90 del siglo pasado, es un escenario de intensa actividad de adoctrinamiento, captación y reclutamiento con fines terroristas», confirma el director de los estudios de Criminología y Seguridad en la UAO CEU, Francisco Villacampa, cuya investigación está centrada precisamente en el terrorismo islámico.

El también vicedecano de la facultad de Derecho y Empresa recuerda que la primera detención de un yihadista en España se produjo en Barcelona —un hombre argelino, miembro del Grupo Islámico Armado y detenido en 1995 en la capital catalana—, y que desde entonces la región ha jugado un papel importante en los principales atentados, desde la reunión que el piloto suicida del 11-S, Mohamed Atta, mantuvo en Salou antes del atentado hasta la red de Santa Coloma de Gramenet que facilitó la huida a varios de los terroristas responsables del 11-M en Madrid.

Villacampa advierte que no hay una «respuesta definitiva» al porqué de la prevalencia de Cataluña en este ámbito, pero reconoce al menos seis factores que pueden explicar el hecho. El primero, señala, es que «desde hace tiempo se han ido implantando una gran cantidad de lugares de culto y centros islámicos con ideología salafista, una concepción rigorista del islam» que comparten los yihadistas, aunque estos últimos la lleven al extremo bélico.

«Estos centros cuentan con la ayuda financiera de Arabia Saudí, Qatar y Kuwait», advierte Villacampa, que también advierte —segundo factor— que «no ha habido un control del asentamiento de las comunidades musulmanas por parte de la administración catalana», y que muchos de estos centros salafistas se han establecido sin que nadie controlase sus vías de financiación ni si sus actividades «son contrarias a las normas de convivencia», señala.

Falta cooperación

En tercer lugar, el investigador señala un «problema de cooperación» entre los diferentes cuerpos policiales presentes en la región —policía local, Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil— en la detención de los procesos de radicalización y el desmantelamiento de las células yihadistas. «Eso lo saben los yihadistas y se apoyan en ello para llevar a cabo sus actividades», lamenta.

En esta línea, el experto señala que el procés independentista «puede haber afectado a ese control y gestión», y advierte que los yihadistas usan a su favor las «situaciones políticas inestables».

Por eso, preguntado por los reproches por inacción al gobierno de Salvador Illa por parte de partidos como Vox, Villacampa pide no politizar la lucha antiterrorista: «Es cierto que se puede mejorar, por ejemplo, con más cooperación, pero no soy partidario de meter la lucha contra el terrorismo en el ámbito político, porque es lo que buscan los terroristas, que aprovechan cuando hay desunión entre las fuerzas políticas para llevar a cabo asimilaciones».

Como últimos dos factores, Villacampa señala la situación territorial de Cataluña —muy cercana con Francia y, por tanto, puerta de entrada al norte de Europa— y la presencia de una gran comunidad musulmana que permite a los terroristas pasar más desapercibidos. «Primero teníamos sobre todo argelinos y marroquíes, pero ahora es importante la presencia de la comunidad pakistaní; hay grupos afines a Al Qaeda de origen pakistaní», señala.

Con todo, Villacampa reconoce el trabajo de los Mossos d’Esquadra en la prevención y la detección de la radicalización. Según informa el cuerpo, el año pasado detectaron un total de 147 casos compatibles con posibles procesos de «radicalización violenta» vinculados al yihadismo. Para Villacampa, el reto es que la digitalización ha vuelto más difícil rastrear a los radicalizadores, que ahora ya no se agrupan en torno a centros de culto únicamente, sino que sobre todo se da en internet.