Junts pide a Sánchez el 50 % del presupuesto de la Generalitat para avanzar en la negociación presupuestaria

El Gobierno está bloqueado y no puede empezar a tramitar los presupuestos porque sus dos socios catalanes se miran de reojo, y ninguno quiere aparecer a los ojos de sus seguidores como más blando que su adversario. Cada vez que ERC realiza una petición, desde Junts ven la apuesta y la doblan.

Formalmente, Pedro Sánchez afirmó que esperaría a que ERC cerrara su congreso para poder negociar. Eso puede suceder el día 30 de noviembre o el 14 de diciembre, en función de si alguna de las tres candidaturas que se enfrentan consigue llegar al 50 % de los apoyos en primera votación o no.

Mientras todos los grupos que apoyan al gobierno esperan a saber si ERC será comandada por Oriol Junqueras o por los partidarios de Marta Rovira, en Junts no han perdido el tiempo y han hecho llegar al Gobierno sus condiciones para avanzar en la negociación.

El gobierno catalán ha realizado en los últimos años un cálculo sui generis de lo que ellos consideraban déficit fiscal de Cataluña, que alcanza los 21.982 millones de euros. Esta cifra, que supone aproximadamente el 50 % del presupuesto de la Generalitat de Cataluña, o casi el 10 % del PIB catalán, la calculó el ejecutivo de Pere Aragonés en base a estimar que la aportación fiscal de Cataluña en 2021 fue de 75.436 millones de euros, un 19,2 % del total de los ingresos del Estado, y que los gastos del Estado en Cataluña ascendieron a 53.444 millones de euros, un 13,6 % del total.

Una vieja obsesión

El déficit fiscal es una vieja obsesión de Junts, y también de ERC. El Estatuto de Cataluña de 2006 incluía una disposición adicional, que fue revisada por el Tribunal Constitucional, que fijaba que «la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el fondo de compensación interterritorial, se equiparará a la participación relativa del PIB en Cataluña con relación al PIB del Estado en un periodo de siete años». El TC aclaró que un estatuto de autonomía no puede menoscabar la libertad de las Cortes para decidir sobre la existencia y cuantía de dichas inversiones.

El independentismo utilizó esta sentencia y, en especial, este punto para acelerar el proceso de separación y llevar a Cataluña a los dos referéndums ilegales de 2014 y 2017 con Artur Mas y Carles Puigdemont, respectivamente, al frente de la Generalitat, ambos de Junts.

El resumen de la propuesta de Junts es exigir al Estado que Cataluña reciba lo mismo que paga, desentendiéndose del resto de España. El grupo que comanda Miriam Nogueras desde el Congreso y Puigdemont en remoto quiere que esta propuesta sea la base de la negociación, dado que ERC aceptó en su pacto con el PSC para investir a Illa que la agencia tributaria y la financiación catalana incluirían una cláusula de solidaridad con el resto de España que, en cambio Junts, no contempla.

Así las cosas, la propuesta de Junts es a los ojos de independentismo más exigente y deja en mala posición a ERC. La cuestión es cómo puede el PSOE ceder, una vez más, y luego incumplir lo pactado. En caso contrario se quedaría sin presupuesto.

En el PSOE quieren ver brotes verdes en la negociación, y ponen de manifiesto que el acuerdo es posible usando como ejemplo que la semana pasada salió adelante el Proyecto de Ley orgánica en materia de eficiencia del servicio público de justicia con el voto a favor de todos los partidos que dieron su apoyo a la investidura.