La película que Puigdemont quiere que veas: un documental de espionaje que da alas al relato independentista

'Surveilled', así se llama el documental de HBO Max, que está basado en el presunto espionaje que llevó a cabo el Estado, contra líderes independentistas, tanto políticos, como de la sociedad civil catalana. Un espionaje que se hizo con programas como Pegasus o Candiru, con el que se infectaron los teléfonos móviles y otros terminales de los secesionistas, unas 65 personas, según la investigación de Citizen Lab, centro adscrito a la Universidad de Toronto. En definitiva, la película recoge lo que entre el separatismo se ha conocido como el «Catalangate», y está previsto que se estrene el 21 de noviembre.

La historia tiene como hilo conductor el trabajo de Ronan Farrow, que publicó también esta historia en el The New Yorker. Y el resumen es claro: «Farrow explora esta industria multimillonaria (ciberespionaje) y aborda el doble uso y las implicaciones del pirateo telefónico: la capacidad de vigilar la actividad delictiva y las amenazas que conlleva para las libertades civiles». A partir de ahí, se intercalan relatos, especialmente del entorno independentista. Así, por ejemplo, aparecen representantes de ERC, como la senadora Laura Castel o el exeurodiputado Jordi Solé; pero también tiene sus minutos Joan Matamala, uno de los amigos del expresidente Carles Puigdemont.

Y no podían faltar algunos de los responsables de la investigación de Citizen Lab, como Elies Campo, un reconocido independentista que coordinó el trabajo de campo; así como Ron Deibert, director de Citizen Lab, que pidió por carta que se vetaran a dos profesores universitarios que cuestionaban el trabajo en la comisión del PEGA del Parlamento Europeo, y del mismo modo, se ha negado en reiteradas ocasiones a que expertos independientes analicen los resultados de su estudio.

El estudio de Citizen Lab, cuestionado

Un estudio, que según destacaron un centenar de profesores que formaban parte del Foro de Profesores, está plagado de errores, omisiones o contradicciones. De entrada, denunciaban «una variedad de aparentes conflictos de intereses (políticos y económicos), que involucran a los autores del informe y las personas que colaboran con su trabajo de campo». Además de una «falta de transparencia muy inusual con respecto a la metodología».

Los profesores decían que «los autores se niegan a informar cuándo, dónde y quién realizó los análisis forenses digitales. Parece que no se realizó ningún análisis no digital o no remoto para verificar las infecciones», explicaban. Pero también dejaban claro que no se ha informado del número de dispositivos investigados, ni tampoco ha habido grupos de control.

Entre los argumentos del Foro de Profesores se recordaba que se han hecho acusaciones «muy graves» contra el Gobierno español por «espionaje ilegal», pero están basadas en lo que «el informe afirma que son pruebas circunstanciales (muchas de ellas de entrevistas en los medios y redes sociales). Y la mayoría de estas pruebas, decían, son, en el mejor de los casos, débiles». También criticaban que no se hubiera tenido en cuenta ninguna otra hipótesis alternativa, como que este supuesto espionaje fuera llevado a cabo por los servicios secretos de Rusia, Marruecos o incluso de otros países occidentales.

Y otra cuestión que ponían en entredicho es que el trabajo de campo fue coordinado por un activista independentista, Elías Campo, «sin ninguna experiencia previa en investigación o título de educación superior completo», y que además «hizo afirmaciones falsas sobre su situación laboral», falseó su currículo y no estaba afiliado a CitizenLab. No solo eso. Campo y otros cinco participantes «son sospechosos de colaborar con los servicios secretos rusos para crear en 2019 el Tsunami Democrático», una plataforma que sirvió para coordinar protestas, como bloqueos en carreteras o en el aeropuerto de Barcelona, además de otros disturbios en Cataluña.

El profesor de la UNED y la LSE Ideas, Juan José Olivas, también llevó a cabo otro estudio, que llegó al Parlamento Europeo, y que concluía, en la misma línea que el anterior, que la investigación de Citizen Lab no había sido rigurosa, dado que no había sido corroborado de forma independiente. Además, señalaba que, de las 65 infiltraciones en dispositivos móviles, solo cuatro habían podido ser verificadas.

También se aportaban datos sobre el oscurantismo de Citizen Lab, y sobre los intereses cruzados entre las presuntas víctimas y el instituto vinculado a la Universidad de Toronto. Entre otras, el profesor de la LSE recordaba que ninguno de los posibles afectados había querido entregar a los juzgados sus teléfonos para que los peritos judiciales designados pudieran investigar el nivel de posible penetración de Pegasus en los mismos.

Unas incongruencias que también tienen su reflejo en el documental, puesto que en ningún caso aparecen declaraciones u opiniones del Gobierno o del Centro Nacional de Inteligencia, ni opositores al separatismo. Y eso que la ministra de Defensa, Margarita Robles, o el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también denunciaron que sus terminales habían sido infectados y habían sido víctimas de espionaje.