Trapero reconoce el «fracaso» de la multirreincidencia y que los Mossos no saben frenar la violencia doméstica

El director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha reconocido un aumento de los delitos en Cataluña: «2023 presenta las cifras más altas de delitos de los últimos 15 años». Así lo ha asegurado durante su primera comparecencia en el Parlament, en la comisión de Seguridad. Trapero dice que Cataluña «es un país seguro», si se tienen en cuenta los datos relativos a hechos más graves, porque las tasas de homicidios son de las más bajas de Europa y del mundo.

En este sentido, ha dejado claro que «mientras los hechos más graves se estabilizan o van a la baja, tenemos otros que nos preocupan». Y esos otros son la multirreincidencia, la violencia de género, el tráfico de drogas, la ciberdelincuencia o el uso de armas blancas.

Sobre la multirreincidencia, se ha mostrado muy contundente, porque considera que es «un fracaso del sistema». Considera que estos delincuentes no hay que observarlos «como individuos aislados que hacen del hurto ocasional una manera de sobrevivir. Hablamos de bandas que ganan mucho dinero, que tienen un nivel de vida muy alto. Tenemos que adaptar el trabajo a esa realidad», ha explicado.

De hecho, la subjefa ejecutiva de los Mossos, Alicia Moriana, ha precisado que el año pasado en Barcelona hubo 2.700 detenidos, y 500 de ellos lo fueron tres o más veces; de estos, a 33 los detuvieron 10 veces o más. «La multirreincidencia es muy compleja. El sistema judicial provoca una sensación de impunidad porque no se juzga con la rapidez que exige la ley», ha dicho, y ha asegurado que, desde el cuerpo policial, están intentando transformar el abordaje operativo de la multirreincidencia.

Por todo ello, Trapero apuesta por un sistema de seguridad público en el que los ciudadanos puedan confiar, y lo quieren hacer «estudiando datos, escuchando opiniones y con una mirada evolutiva». Pero para ello, y también para reducir las cifras de criminalidad, el director de los Mossos deja claro que «hacen falta medios humanos y materiales». Por este motivo se ha ampliado la última convocatoria de Mossos de 900 a 1.300 nuevos agentes.

Violencia machista y armas blancas

En cualquier caso, la cúpula de los Mossos reconoce que la calle se está complicando y que hay delitos son difíciles de frenar, como es el caso de la violencia machista. En este sentido, Trapero ha dejado claro que «no conseguimos erradicar lo que parece ser inmune a las políticas públicas tanto preventivas como reactivas». Por este motivo, ha valorado positivamente la puesta en marcha de la nueva Comisaría General de la Mujer, aunque no ha dado detalles de cómo funcionará y qué competencias asumirá.

Respecto a otra de las preocupaciones de los Mossos, el uso de armas blancas, la subjefa Moriana ha destacado que entre 2020 y 2023 aumentaron entre un 12 y un 17 % las infracciones administrativas, penales y los incidentes con este tipo de armas. De ahí que se pusiera en marcha el Plan Daga, para controlar la presencia de armas blancas en la calle. En concreto, en 2019 se intervinieron 4.900 armas blancas en la calle, mientras que el año pasado fueron 9.000.

Sobre el delito de tráfico de marihuana, Moriana ha lamentado, y lo ha dicho de forma textual, que Cataluña se haya convertido en el gran proveedor del mercado europeo, lo que se ha traducido, a su vez, en un aumento de violencia, y ha añadido: «Queremos que el cultivo de marihuana deje de ser rentable para los grupos criminales».

Por otro lado, Josep Lluís Trapero ha hecho otro anuncio importante: y es que está trabajando para que la defensa jurídica de los Mossos vuelva a depender del Departamento de Interior. De este modo, quiere dar marcha atrás con una decisión muy polémica del anterior responsable de la consejería, Joan Ignasi Elena, de ERC, que lo que hizo fue desmantelar este servicio y transferirlo a los servicios centrales de la Generalitat, en una clara concesión a la CUP.

El director general de los Mossos ha dejado claro que «entendemos que tenemos ámbito de mejora en la protección del agente de policía y que tenemos la obligación de dar amparo legal a su protección cuando resulte lesionado». Ha precisado que esta defensa jurídica tiene que ser vista como una orientación que ayude en el desarrollo profesional de los agentes y un apoyo constante y diario a su actividad. «Es un ejercicio de responsabilidad y no de corporativismo», ha dejado claro.