Junts aprieta a Sánchez para cerrar el traspaso de las competencias de inmigración antes de tomar las uvas

La debilidad del gobierno en minoría de Pedro Sánchez lleva a que sus dos socios catalanes hayan entrado en una suerte de pugna para ver quién logra arrancar mayores concesiones de los socialistas. ERC, que tiene por delante aterrizar la condonación de la deuda del FLA, el traspaso de Rodalies y —sobre todo— el nuevo modelo de financiación, se encuentra inmersa en los últimos compases de una campaña electoral fratricida que ha de dirimirse este fin de semana.

Mientras Oriol Junqueras y el rovirista Xavier Godàs se debaten por ver quién presidirá ERC a partir del domingo y ejercerá de interlocutor oficial tanto para Sánchez como para Salvador Illa, en Junts están aprovechando para cerrar lo antes posible una de sus carpetas abiertas con el PSOE, con el objetivo de dar un golpe de efecto de cara al electorado independentista y marcar perfil propio.

Se trata del traspaso de las competencias de inmigración, que Junts y el PSOE pactaron en enero de este año a cambio de no obstaculizar la validación de varios decretos anticrisis. Se trata de un movimiento que los de Carles Puigdemont quieren dejar listo antes de que se cumpla un año desde la firma del compromiso, y que les ha de servir también para evitar la fuga de votos hacia Aliança Catalana.

«Algunos flecos»

A finales de la semana pasada, el secretario general de Junts, Jordi Turull, daba a entender en una entrevista de TV3 que la cosa está ya hecha: «Se está cumpliendo el calendario pactado y se está acabando de perfilar el acuerdo, con algunos flecos», dijo, dejando clara su intención de anunciarlo en las próximas semanas: «Antes de que acabe el año», aseguró.

Este lunes, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, no ha desmentido a Turull, y ha abierto la puerta a que el traspaso se realice en este plazo. «El Gobierno cumple sus acuerdos y las cosas van como han de ir», ha dicho, insistiendo en que el traspaso se hará dentro del marco constitucional, sin dar más detalles ni adelantar en qué estado se encuentran los «flecos» más conflictivos del pacto.

Lo cierto es que, aunque Turull da por hecho que el acuerdo contempla que la Generalitat realice una «gestión integral» de la inmigración, hasta que no se haga público el acuerdo no sabrá en qué se concreta esta integralidad, núcleo de un estira y afloja entre el ministerio del Interior y los nacionalistas, que ven el control de las fronteras como una de las célebres «estructuras de estado».

En este sentido, en las últimas semanas el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha ocupado de trasladar a Junts en público y en privado que el Gobierno no está dispuesto a ceder el control de las fronteras, que es competencia exclusiva del Estado. El margen para el traspaso, así estaría en aspectos como la gestión de los servicios sociales, las «políticas de inclusión» o el papel de los Mossos d’Esquadra.