La patronal catalana de los pisos turísticos denuncia ante la UE el decreto regulador de la Generalitat

La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos, Federatur, ha denunciado ante la Comisión Europea el decreto catalán sobre pisos turísticos. Normativa que afecta a 262 municipios que tiene la consideración de zonas tensionadas de alquiler y que, entre otras cuestiones, exige una nueva licencia de cinco años para destinar una vivienda para uso turístico, aunque ya se tuviera una anterior. No se queda ahí, porque también da libertad a los ayuntamientos para conceder estas licencias y pone un límite de 10 por cada 100 habitantes.

En la demanda, en la que también participa la Asociación Europea de Viviendas Vacaciones, en la que se encuentra Airbnb, se asegura que se vulnera la normativa europea en al menos seis apartados e insiste en que la regulación es «desproporcionada, discriminatoria y contraria a los principios de libre competencia y libertad de establecimiento recogidos en la normativa europea».

Yendo más al detalle, en el escrito se asegura que el decreto de la Generalitat afecta «de forma injustificada» a la libertad de empresa, la libertad de establecimiento y la libertad de prestación de servicios, incluidos en varios artículos de la Carta de Derechos Fundamentales y del Tratado de Funcionamiento de la UE. Y, en cualquier caso, Federatur deja claro que este tipo de regulación no soluciona ni mucho menos los problemas de acceso a la vivienda que hay en Cataluña. Y tampoco permite que haya más oferta en el mercado de alquiler permanente.

En este sentido, se aporta un informe de la Agencia Catalana de la Competencia que también expresa sus dudas de que ese decreto sea la solución a los problemas habitaciones y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que apuesta por otras medidas menos invasivas, como podrían ser incentivos fiscales, además de potenciar el parque de vivienda pública.

No soluciona los problemas de vivienda

Los impulsores de la demanda dejan claro que «los propietarios se ven impedidos de decidir sobre el uso de sus inmuebles, ya que, en muchos casos, se prohíbe la explotación turística de las viviendas en función de su ubicación» y también se pone en el punto de mira a la situación en la ciudad de Barcelona. Recordemos que, en este caso, el consistorio no va a renovar, directamente, ninguna de las licencias y, por lo tanto, en 2028 no habrá pisos turísticos en la capital catalana.

Para Federatur el decreto catalán rompe la ordenación del sector en la capital catalana. Y es que recuerdan que la cifra de licencias no se ha incrementado prácticamente desde 2014 y este tipo de pisos no llega ni al 1% del total de viviendas de la ciudad. También pone de relieve que la colaboración de diferentes implicados ha permitido el cierre de hasta 6.000 apartamentos ilegales.

Por otro lado, desde Apartur, la asociación de apartamentos turísticos de Barcelona, han enviado una carta al alcalde, Jaume Collboni, en la que le piden que deja de «demonizar» a este tipo de viviendas y reconsidere su decisión de eliminar todas las licencias para los pisos turísticos. En la misma línea que la demanda de Federatur, apunta a que esta no es la solución para los problemas de vivienda en la capital catalana, porque su eliminación «no garantiza que estos vayan a convertirse en viviendas residenciales. Cualquier afirmación en este sentido supone engañar a la ciudadanía», apunta Enrique Alcántara, presidente de Apartur.

Y aprovecha para lanzar un dardo al alcalde: «son muchas las voces que coinciden en que el problema social de la vivienda es imputable a la falta de previsión y de actuación pública». Pero Alcántara también propone una posible solución: que los 160 millones de euros que pagan en impuestos los apartamentos turísticos se destinen a políticas de vivienda pública o se incremente el presupuesto anual municipal para esta cuestión.