La ley aprobada por el gobierno de Illa se ha heredado intacta de la etapa de Aragonès
Análisis
Los olvidados de la ley de memoria democrática catalana: no aparecen las checas ni los católicos
El proyecto de ley aprobado por la Generalitat es un pastiche de tres normas previas
El gobierno de Salvador Illa aprobó el pasado martes el proyecto de ley de memoria democrática catalana, heredado de ERC y acogido sin cambiar ni una coma, ya que el PSC no está lejos de los postulados republicanos en esta cuestión. Así lo constató la portavoz del Govern, Silvia Paneque, para quien la ley «promueve medidas de reparación para todas las víctimas de la Guerra Civil y también para las personas agredidas por la dictadura», así como «un régimen sancionador para evitar el enaltecimiento del franquismo».
Sin embargo, el proyecto de ley no es sino un pastiche que combina tres leyes ya aprobadas por el Parlamento de Cataluña: la Ley del Memorial Democrático de 2007, la Ley de Fosas de 2009 y la Ley de Reparación Jurídica de las Víctimas del franquismo de 2017. Las dos primeras fueron aprobadas durante el tripartito del socialista José Montilla y la tercera siendo presidente Carles Puigdemont.
«Una deuda con el pasado»
En el preámbulo de la Ley 13/2007 de 31 de octubre del Memorial Democrático leemos que «la sociedad catalana sigue teniendo una deuda con el propio pasado», y que el gobierno debe impulsar «una decidida política pública» para «recuperar la memoria del pasado y dignificar las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura del general Franco».
La ley se centraba en la II República, la Guerra Civil y sus víctimas –en toda su diversidad–, la represión franquista, el exilio, la deportación y las raíces antifranquistas del sistema de valores de la recuperación de la democracia. También la recuperación y la divulgación del papel de las mujeres en el patrimonio democrático, como personas con capacidad de decisión autónoma y subjetiva histórica.
Sobre este último punto, no obstante, cabe destacar que el Memorial Democrático de 2007 olvida a dos mujeres, aunque hubo muchas más asesinadas y torturadas. Dolores Bertí, de Figueres, fue detenida por los republicanos y subida a un coche fantasma. Al llegar a Vilafreser, la hicieron bajar del coche y la asesinaron en medio del camino, no sin antes insultarla y vejarla.
Sara Jordà formaba parte del Socorro Blanco. Fue descubierta, detenida y fusilada en el castillo de Montjuic el 11 de agosto de 1938. La condenó el Tribunal de Alta Traición con el visto bueno del entonces presidente de la Generalitat, Lluís Companys. Su hija pidió que se la indultara. Companys, ante esa demanda, exclamó que «para los traidores, no hay piedad».
Las fosas comunes
En segundo lugar tenemos la Ley 10/2009 de 30 de junio, sobre la localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y la dignificación de las fosas comunes. En ella se hablaba de «rehabilitar la memoria» de todos aquellos que sufrieron «persecución como consecuencia de la defensa de la democracia y el autogobierno de Cataluña» o «debido a sus opciones personales, ideológicas o de conciencia».
No obstante, dentro del censo de personas desaparecidas se debería incluir a Eusebio Cortés Puigdengoles, de Igualada, por poner sólo un ejemplo. Su hijo, el presbítero Juan Cortés, dice de él lo siguiente:
Se sabe que por aquellas fechas se hicieron monstruosidades, como dar carne humana a los cerdos... Nunca hemos podido constatar fidedignamente, pero mi madre y mi hermano mayor tenían sobre el particular pistas sólidas.
Su cuerpo nunca se recuperó al ser descuartizado y dado de comer a la piara de cerdos que había en la checa de San Elías. En un documento confidencial, conservado en el Archivo de Toledo, sobre la guerra civil en Barcelona, leemos lo siguiente:
Recientemente se descubrieron en el término de Sarria, unos pozos conteniendo cadáveres. En los Comités de Defensa y en los locales de las brigadas de investigación de la Junta de Seguridad Interior de la cual era Secretario Aurelio Fernández, se han descubierto asimismo gran cantidad de cadáveres en descomposición”.
¿También se rehabilitará la memoria de los asesinados en los cementerios clandestinos, en los pozos de Sarriá y los cadáveres en descomposición?
La ley de 2017
Por último, la Ley 11/2017, de 4 de julio, de reparación jurídica de las víctimas del franquismo, solo tiene un artículo, por el cual «se declaran ilegales los tribunales de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, denominada posteriormente Auditoría de la IV Región Militar, que actuaron en Cataluña a partir de abril de 1938 hasta diciembre de 1978, por ser contrarios a la ley y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo. Y, en consecuencia, se deduce la nulidad de pleno derecho».
Esta ley se aprobó específicamente para anular la sentencia a muerte de Lluís Companys, aunque se maquilló confeccionando una «lista de reparación jurídica de víctimas del franquismo (1938-1978)», que se puede consultar en la web del Archivo Nacional de Cataluña. El listado no incluye a los cientos de catalanes juzgados en los tribunales populares, durante la guerra civil.
Terminamos este repaso con el artículo 14, de la nueva ley, que se titula «Definición de las víctimas». Cuando uno lee el articulado se da cuenta que en ninguno de los apartados se nombra a las personas que fueron encarceladas, represaliadas y asesinadas en las checas. Todo está enfocado a las personas represaliadas por el franquismo, y en ningún momento se habla de la represión llevada a cabo por el anarcosindicalismo, socialismo y nacionalismo catalán.
Tampoco se nombra a las víctimas de la Iglesia Católica, que no existe, y queda reducida a «entidades religiosas» o «colectivos represaliados por su condición religiosa». Lo que se desprende de esta nueva ley es lo de siempre: regar con dinero chiringuitos que no pretenden hacer memoria ni histórica ni democrática.
