Junts no respetará el «cordón sanitario» contra Aliança Catalana para intentar frenar la sangría de votos

Los partidos separatistas, Junts y ERC, no solo mantienen su lucha por la cuestión identitaria, sino que ahora se añade otro tema: la inmigración. Y todo ello, se debe, en parte, a la irrupción de Aliança Catalana, un partido tan independentista, como ellos, pero al que se le añade otro componente: la cuestión migratoria. Aliança defiende la mano dura, que Cataluña tenga las competencias en esta materia para limitar la entrada de inmigrantes y los que, delinquen, o los que se encuentran en situación irregular, sean expulsados.

Este partido, con un discurso tan beligerante en contra de la inmigración y el islamismo radical, ha ido calando poco a poco en zonas donde el porcentaje de inmigrantes es importante y donde hay un problema con la gestión de la inmigración. Es el caso de Ripoll, que tiene como alcaldesa precisamente a la líder de Aliança, Sílvia Orriols, y es de donde provenía la célula islamista que llevó a cabo los atentados de las Ramblas y de Cambrils de 2017, vivía allí. Y al fenómeno de la inmigración se ha sumado otro: el de la inseguridad ciudadana. No son pocos los alcaldes de Junts que han endurecido el tono y han pedido también la expulsión para los inmigrantes que delinquen.

Ante este panorama, Junts no quiere ceder más terreno, y de ahí que no rechace tan de plano algunas de las propuestas que presenta Aliança Catalana en el Parlament. Y aquí entra en juego el «cordón sanitario», el llamado «pacto antifascista» que ratificaron a principio de la legislatura PSC, ERC, Comunes, CUP y también Junts. El objetivo era «rechazar sistemáticamente» las iniciativas de los partidos que ellos consideran de extrema derecha: Vox y Aliança. En la anterior legislatura este pacto se cumplió a rajatabla, solo estaba presente en la cámara catalana la formación que lidera Ignacio Garriga en Cataluña y, efectivamente, cualquier iniciativa, moción o propuesta, era rechazada de forma sistemática.

Pero ahora, algo ha cambiado. Las alarmas se encendieron durante el Debate de Política General, celebrado en octubre. Entonces, Junts se abstuvo en una propuesta de Aliança Catalana que pedía reactivar la declaración universal de independencia (DUI) de 2017. El resto de formaciones de ese pacto antifascista, votaron en contra. Y el partido que preside Carles Puigdemont ha dejado claro que no va a votar «siempre en contra, sea cual sea el contenido» de las propuestas de Aliança, especialmente.

Reunión de seguimiento del pacto

Es lo que transmitieron los dirigentes de Junts durante la reunión de la Comisión de Seguimiento del «pacto antifascista», liderado por Unidad contra el Fascismo y el Racismo, y que se produjo el pasado 27 de noviembre. Según esta Comisión, los de Puigdemont «no aceptaron esta posible solución», de rechazar todas las iniciativas de los partidos que consideran de extrema derecha. También explicaron que Junts justificó su abstención porque no comportaba que la propuesta de la formación de Sílvia Orriols prosperara.

Desde esta Comisión también señalan que «la esencia del pacto no es que se vote en contra de propuestas cuando no se comparta su contenido», sino que «el punto es precisamente que cuando la extrema derecha presenta propuestas que saben que pueden coincidir con otras fuerzas, no caiga nadie en la trampa». Y, por este motivo, pide a Junts que reflexione sobre esa decisión.

Y, como decíamos, la irrupción de Aliança Catalana también ha puesto en el foco el debate de la inmigración, hasta el punto de que Junts, y ahora también se ha apuntado ERC, quieren que la Generalitat asuma el control de las fronteras y de la política migratoria. De hecho, ese traspaso ha sido uno de los caballos de batalla de los de Carles Puigdemont en su negociación con el PSOE, a pesar de las reticencias del ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, quien insiste que el control de las fronteras es competencia exclusiva del Estado.

Desde Junts, en cambio, quieren que el traspaso «integral» de la política migratoria pactado con el PSOE en enero se concrete lo antes posible, ya que consideran que es el acuerdo más maduro de los que tienen pendientes con Pedro Sánchez, y el primero que podría materializarse tras la amenaza de Puigdemont exigiendo una cuestión de confianza y asegurando que no se fían de los socialistas. Junts aspira a lo máximo, a poder decidir sobre los permisos de residencia: quién entra y los requisitos, como la cuestión lingüística.

Y, recientemente, en una entrevista al digital separatista El Nacional, la diputada en el Parlament por ERC y exconsejera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, también defendió esas competencias para que las personas que llegan «puedan tener todos los derechos garantizados», además de vincular la atención a los inmigrantes con un esfuerzo extra para enseñarles catalán, para «generar un vínculo afectivo con la lengua». También asegura que, si dependiese de ERC, «cerrarían los CIE», los centros de internamiento para extranjeros.

Tampoco hay que perder de vista otra cuestión. Según el último barómetro del CEO, del Centro de Estudios de Opinión, Aliança Catalana se dispararía. Y, de celebrarse ahora elecciones en Cataluña, podría superar a la CUP e incluso a los Comunes, obteniendo entre 6 y 7 diputados. Ese CEO también refleja el mantenimiento del PSC con una ligera tendencia a la baja; una caída de Junts y la estabilización de ERC.