Acosar y asustar: así actúan las entidades independentistas para forzar el uso del catalán

Un enfermero que llevaba quince años trabajando en el Vall d'Hebron, junto a 212 compañeros más, han sido suspendidos por no acreditar un nivel alto de catalán. Él se atrevió a hacerlo público y ahora está siendo objeto de una campaña de acoso por parte de un sindicato independentista pidiendo que vayan a su casa a «saludarle». Es la denuncia que hace el presidente de Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano, que ha interpuesto una denuncia contra el líder de ese sindicato, Jordi Céspedes por acaso.

Escolano pide al Instituto Catalán de la Salud, al ICS, que sancione a este sindicalista, y al juzgado, que investigue si esa campaña es constitutiva de un delito. Y es que Céspedes pide que se «salude» al compañero y también ha impulsado una carta de «despedida» al enfermero. En ella se jacta de que ahora «esta plaza será ocupada por otro compañero o compañera enfermera que habrá acreditado más méritos, cumplirá los requisitos de la convocatoria y habrá acreditado el nivel de conocimiento de lengua necesario para comunicarse y entenderse mejor con el paciente».

En cualquier caso, Escolano deja claro que esta forma de actuar no es nada nuevo. Es algo que suelen hacer entidades independentistas que tienen algo en común, asegura: están fuertemente subvencionadas y se dedican a «meter miedo» a la gente. En este caso del enfermero de Vall d’Hebron quien está detrás es SOM Intersindical, un sindicato independentista que no tiene representación en ese hospital. Aun así, dice Escolano, su presidente, Jordi Céspedes, es un celador al que «le han ascendido a administrativo» y es un liberado. Es decir, «no va a trabajar para hacer sus labores sindicales, cuando no tiene representación» en ese hospital, precisa el presidente de Convivencia Cívica Catalana.

Persecución a familias

Pero este acoso a aquellos que denuncian la imposición lingüística va más allá del ámbito sanitario. Ha sido especialmente visible y denunciado en el ámbito educativo. Ha puesto el ejemplo de dos padres, de los primeros, que consiguieron más educación en español para sus hijos: Agustín Fernández, a quienes los profesores y la Asociación de padres del Centro Escuelas Pías de Mataró montaron una campaña de acoso con carteles en contra de la resolución de los tribunales colgados en la escuela y una manifestación incluida a las puertas del colegio. Tuvo que llevar a sus hijos a otra escuela

O a Enrique López, que fue el primer padre que consiguió una sentencia favorable en este sentido. Eso fue en 2006 y afectaba a la escuela Alba del Vallès, de la pequeña población barcelonesa de Sant Fost. También le hicieron una manifestación a las puertas de la escuela y en la plaza del Ayuntamiento. Recibió amenazas, y también su hijo del tipo: «porque este es mi último año en el cole, si no te desfiguraba la cara, nene». El caso más reciente es el de la familia de Canet, pero con otras familias se ha repetido la misma táctica, llegando incluso a señalar a los comercios que podían regentar para obligarles a cerrar.

También ha llegado al ámbito político. Es el caso del concejal del PSC Enrique Abad que denunció el reglamento lingüístico del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar porque solo contemplaba el catalán como lengua única del consistorio. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendió, por cierto, el reglamento, pero Abad también fue acosado por los defensores del monolingüismo solo en catalán.