Archivan la causa a 11 guardias civiles por supuestas torturas a un CDR: no hay «indicios racionales» de delito

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Sabadell (Barcelona) ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa en la que se investiga a 11 guardias civiles por hechos que podrían ser constitutivos de un delito de detención ilegal, amenazas, coacciones y torturas hacia un miembro de los CDR tras su detención en el marco de la 'Operación Judas'.

En el auto consultado por Europa Press la jueza ordena que se proceda al archivo temporal de estas actuaciones «al no apreciarse indicios racionales ni suficientes de los delitos investigados» y alega que debe evitar que la fase sumarial se prolongue «indebidamente», así como evitar el perjuicio a los investigados en la causa, a los que no ha citado a declarar.

Los hechos investigados ocurrieron entre el 23 y el 25 de septiembre de 2019 cuando, por orden de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se detuvo a nueve personas investigadas por presuntos delitos de terrorismo, rebelión y tenencia de explosivos en la provincia de Barcelona.

Uno de los detenidos, el querellante, denunció que su arresto se produjo sin posibilidad de asistencia de abogado, que durante el trayecto en coche hasta Tres Cantos (Madrid) le tuvieron en medio de dos agentes encapuchados con el tronco inclinado hacia adelante, impidiendo que se durmiera y haciéndole preguntas y que, una vez allí, «consideró la posibilidad de que le suministrasen alguna sustancia de tipo narcótico».

Sin embargo, la jueza sostiene que de las diligencias que han sido practicadas, no se desprenden «indicios racionales ni suficientes» para apreciar la existencia de estos delitos y se basa en que, en su declaración en sede judicial, el querellante no detalló estos hechos «ni ofreció más datos sobre cómo habrían ocurrido las presuntas amenazas, coacciones y el trato degradante».

Además, añade que en la declaración de los padres del querellante, que estaban presentes en el momento de la entrada y registro, no se pone de manifiesto ningún hecho delictivo y que en el lugar había una letrada de administración de justicia.

Alerta Solidaria ve «boicot»

La organización independentista Alerta Solidaria, que ejerce la acusación particular, asegura que se trata de un «boicot» tras más de cuatro años de una instrucción que consideran «pésima».

Sostienen que la magistrada inicialmente ya rechazó buena parte de la querella alegando que los hechos no habían ocurrido en su partido judicial y que la Audiencia de Barcelona, en respuesta al recurso presentado por la entidad, criticó esta decisión y la instó a que aceptara la querella al completo y que se practicasen «las diligencias mínimas como la citación de los agentes implicados».

Alerta solidaria también critica que el 18 de junio la jueza emplazara a las partes a posicionarse sobre si los guardias civiles debían ser amnistiados y que, 15 días después, la jueza esgrimió que «no se procede resolver la aplicación de la amnistía por estar pendiente de una cuestión prejudicial ante el TJUE», una afirmación que la entidad niega.

Asegura que se trata de «un subterfugio, un fraude de ley, para poder archivar de nuevo el procedimiento aplicando la amnistía en caso de que la Audiencia de Barcelona vuelva a dar la razón al recurso de Alerta Solidaria como ya hizo con la admisión a trámite de la querella».

«La inacción judicial del Estado español en relación al maltrato en las comisarías, traslados y prisiones han comportado la condena reiterada en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siendo una estrella de esta lamentable condecoración el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska», manifiestan en un comunicado este miércoles en el que avanzan que recurrirán esta decisión.