Urtasun boicotea desde el Ministerio de Cultura una inversión en Cataluña de 1.400 millones de euros

En la semana que termina, el Ministerio de Cultura anunció la compra de la finca Gomis, situada junto al Aeropuerto de Barcelona-El Prat. La noticia parece inocente pero detrás de la adquisición de aparente irrelevancia, su comprador –el ministro de Cultura, el catalán y militante de Comuns-Sumar Ernest Urtasun– pretende tener en su mano un arma para bloquear la ampliación del aeropuerto barcelonés.

La intervención de Cultura contó con la colaboración del Ayuntamiento de El Prat, el municipio más importante de Cataluña gobernado por el partido de Urtasun, y pilló por sorpresa al Gobierno de la Generalitat, que a lo largo de la semana había mantenido diversas reuniones con la jefa de la bancada de Sumar-Comuns en el Parlament, Jessica Albiach.

Illa le había prometido un endurecimiento de la ley de vivienda y su régimen disciplinario, pero en ningún momento se puso sobre la mesa ni el aeropuerto ni Can Gomis.

Con la compra, el Ministerio se garantiza que en caso de que AENA y el Gobierno central decidieran impulsar la ampliación del aeropuerto podrían interponer recurso y paralizar el proceso, dado que la finca está en medio de los terrenos de la Ricarda, afectada por la posible ampliación.

Bloqueo millonario

La jugada de los comunistas catalanes aparca una inversión de 1.400 millones de euros que, según un estudio de la Universidad de Barcelona, hubiera supuesto doblar la facturación del aeropuerto barcelonés hasta los 18.467 millones.

También supondría la creación de 38.117 empleos en el ámbito operacional, además de otros 92.000 en el sector turístico. Cataluña ha encabezado el crecimiento de turismo internacional en España y su infraestructura básica, el aeropuerto Josep Tarradellas, ha dado durante el verano muestras de saturación.

Este homenaje a la política del decrecimiento económico ha llegado tras la decisión del Parlament de modificar la fiscalidad del proyecto Hard Rock, pasando del 10% al 55%. En la práctica, la decisión tomada por el PSC, ERC y los Comunes entierra este proyecto, en este caso con el conocimiento de Illa, y deja atrás otros 700 millones de inversión.

El gobierno catalán, que exige un sistema de financiación singular propio para Cataluña, ha dejado caer en 15 días 2.400 millones de euros de inversión, que además hubieran puesto y ejecutado terceros: una empresa pública y una privada.

El cambio de fiscalidad de Hard Rock, una operación de un complejo de ocio y turístico de repercusión mundial sobre un terreno propiedad de Caixa Bank de 745.000 metros cuadrados y valorado en 128 millones de euros, junto a Port Aventura, es un ejemplo de inseguridad jurídica de manual.

Es, también, la vía ideada por la Administración catalana para que sea el operador adjudicatario de los terrenos, la cadena en manos de los indios Seminola, la que desista de realizar la operación y tenga más difícil recurrir judicialmente contra la decisión de la Generalitat.

Posible indemnización

Los servicios jurídicos de la Generalitat han calculado que en caso de que Hard Rock demande a la Generalitat, esta puede tener que hacer frente a una condena indemnizatoria de entre 37 a 50 millones de euros. Esos mismos informes internos señalan que una fiscalidad por encima del 30% para el casino previsto dentro del complejo hacía inviable financieramente el proyecto.

La decisión de enterrar Hard Rock era, también, una exigencia de los Comunes con la que ERC está de acuerdo, y fue ya el motivo de ruptura de las negociaciones para aprobar los presupuestos catalanes de 2024 entre los republicanos y la marca catalana de Sumar.

Un desencuentro que, al fin, desembocó en la convocatoria electoral anticipada que dio la victoria a Salvador Illa. Para evitar repetir la situación, el presidente de la Generalitat ha cedido a las presiones de los Comunes a pesar de la posición de los municipios afectados, la Cámara de Comercio de Tarragona y otras instituciones de la zona, todas ellas favorables al proyecto.

Ni a Illa ni a los Comunes les ha importado que la postura de los Comunes, contraria a Hard Rock, costará en las elecciones la representación parlamentaria por Tarragona a los de Yolanda Díaz.

Illa, sin presupuestos

Esta semana Illa se reunió con los dos sindicatos ideológicos, UGT y CC.OO., así como las patronales catalanas, PIMEC y Foment, para presionar a ERC y Comunes para que se avengan con premura a negociar los presupuestos. Illa, para forzar la negociación con sus socios de investidura, garantizó la transferencia de la línea 1 de Rodalies durante el mes de enero, así como la condonación de 15.700 millones del Fondo de Liquidez Autonómico por pate del Consejo de Política Fiscal y Financiera de próxima convocatoria.

Desde ERC se ha ratificado esta semana a Josep Maria Jové al frente de grupo de ERC en el Parlament. La noticia es un paso en la pacificación de ERC, dado que Jové fue crítico con Junqueras durante el proceso congresual. Desde la presidencia de la Generalitat se ve este movimiento como un paso hacia la normalidad que les acerca a la aprobación de las cuentas públicas catalanas, dado que nadie duda de que los Comunes darán su apoyo a Illa.