El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, durante una comparecencia ante los medios de comunicaciónVox

Política

Vox exige que comparezca la consellera de Igualdad por querer multar a Garriga: «Es censura en estado puro»

Joan Garriga ha insistido en que su partido «no va a dar el brazo a torcer» y que presentará alegaciones

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha reclamado este martes la comparecencia de la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, por el acuerdo de inicio de procedimiento sancionador abierto por la Generalitat al secretario general de Vox y líder de la formación en Cataluña, Ignacio Garriga.

En concreto, el gobierno catalán prevé una multa de 900 euros a Garriga por una publicación en X en la que decía: «Queremos que Cataluña siga siendo Cataluña, ni Marruecos ni Algeria. Por eso hay que elegir: o leyes nacionales o leyes islámicas». Para la Generalitat, el mensaje fomenta la discriminación.

Sin embargo, para el portavoz parlamentario del partido conservador, lo ocurrido es «tremendo, inaudito, amenazador, censura en estado puro». Joan Garriga ha insistido en que su partido «no va a dar el brazo a torcer» y que presentará alegaciones, así como un recurso a la eventual sanción.

También exigen la comparecencia de Fernando Macías, director de la Oficina de Igualdad de Trato y No discriminación –el organismo que ha iniciado el procedimiento sancionador–, y han registrado una propuesta para derogar la Ley 19/2020 de igualdad de trato y no discriminación.

Traspaso de Cercanías

Sobre el inicio del procedimiento para el traspaso de la R1 de Cercanías, ha defendido la necesidad de invertir más para la mejora del servicio, algo que a su juicio «no pasa por hacer una concesión a la Generalitat», un ente que «se ha demostrado que no sabe gestionar bien».

Además, Joan Garriga también ha anunciado un Plan de Vivienda Municipal que incluye la presentación de una moción conjunta en todos los municipios catalanes donde tiene representación con una batería de medidas para liberalizar el suelo o construir vivienda oficial con prioridad para los ciudadanos españoles y «perspectiva de familia», así como una bonificación del IBI a los propietarios de inmuebles okupados.