Illa afronta una votación clave en el Parlament tras asumir que no habrá presupuestos

El gobierno de Salvador Illa también tiene una prueba de fuego esta semana. Y es que al Parlament llegarán dos decretos que pueden volver a evidenciar la debilidad del ejecutivo del PSC. Se trata del decreto de necesidades financieras en prórroga presupuestaria y el que elimina las sanciones a los ayuntamientos que gastan más agua de la permitida durante la sequía. Los socialistas mantienen a Comunes y ERC como socios prioritarios, pero está por ver si los republicanos salen al rescate de Illa, aunque estos siguen advirtiendo que se tienen que buscar otros socios mientras no se cumplan los acuerdos de investidura.

Y es que la negativa de los de Junqueras a negociar nada con el PSC, si antes no se atienden a esos pactos, tanto en el Congreso como en el Parlament, empezando por la financiación singular para Cataluña, ya ha propiciado que el Govern tenga que prorrogar presupuestos. Los socialistas aseguran que trabajarán «intensamente» y que lo harán «hasta el último momento» para que la cámara valide los dos decretos. La portavoz del PSC, Lluïsa Moret, apelaba al diálogo: «es una semana con muchos retos que confiamos que se resuelvan con la lógica del consenso y de poner por delante las necesidades de los ciudadanos».

De hecho, los socialistas no se plantean un escenario en que el Parlament pueda tumbar los dos decretos, porque «son buenos en ellos mismos y necesarios para sacar adelante políticas que benefician a las personas». Por este motivo, Moret aseguraba que van a trabajar hasta el último momento con «todas las estrategias posibles» y «sin renunciar a nada».

Con los Comunes el camino se ha despejado al llegar a un acuerdo sobre el régimen sancionador de la ley de vivienda, que era la principal condición que ponían los Comunes a cambio de seguir negociando los Presupuestos de la Generalitat, aunque esta opción parece descartada y se mira el decreto de necesidades financieras. Según este acuerdo, se pondrán imponer multas de entre 90.001 euros y 900.000 euros por poner un precio de alquiler superior al 30% del que marca el índice de precios de referencia, que no conste la finalidad del contrato o destinarla a una «finalidad fraudulenta», como sería el alquiler de temporada.

Falta por saber qué hará ERC, que aún no ha dicho cuál será el sentido del voto al decreto sobre necesidades financieras tras rechazar negociar los presupuestos para este año. Hay que tener en cuenta que la secretaria general de los republicanos, Elisenda Alamany, instó al Govern a buscar otros socios en el Parlament diferentes de ERC para negociar modificaciones presupuestarias, suplementos de crédito o el decreto de necesidades financieras. Esto, a la práctica, supondría llevar a la parálisis a la acción del gobierno, y está por ver si los republicanos quieren llegar a este punto. De ahí que desde el PSC no quieran forzar la máquina y se muestran respetuosos y prudentes con los tiempos de ERC.

Desde luego que los socialistas no van a encontrar como socios a Junts, que ya se lo están poniendo difícil a Pedro Sánchez en el Congreso, y no van a cambiar de estrategia con Illa en el Parlament. El vicepresidente de la formación, Josep Rius, ha dejado caer que no van a dejar que prospere ese decreto porque lo ven «insuficiente» en el actual contexto. «Fue concebido pensando que habría presupuestos y ahora sabemos que no hay, porque el Govern ha lanzado la toalla», ha lamentado.

Y en caso de no prosperar, se evidenciaría, a su juicio, «la debilidad» del ejecutivo de Illa, que lo puede llevar «a punto del colapso». En ese caso, en Madrid y Barcelona se vivirían situaciones muy parecidas, con un gobierno atado de pies y manos por los independentistas. En el caso del Congreso es Junts quien tiene la llave; en el Parlament, sería ERC. Y en caso de que se pueda aprobar, advierten los de Junts que pedirán que se tramite como proyecto de ley para introducir «las enmiendas sociales pertinentes».

Y desde el PP catalán advierten que ante un escenario de estas características, el presidente de la Generalitat debería «replantearse» su continuidad al frente del Govern. «Illa y Sánchez hacen chantaje a los ciudadanos atribuyendo a la oposición el fracaso de sus gobiernos», ha dicho el secretario general de los populares, Santi Rodríguez, quien cree que Illa es un «buen alumno de la escuela de Sánchez», en referencia a la votación del decreto ómnibus que el gobierno central perdió la semana pasada en el Congreso.

El otro decreto, el que anula las sanciones a los Ayuntamientos que se excedieron durante el consumo de agua por la sequía, parece de menor envergadura, teniendo en cuenta lo que se juega el Govern. En este caso, ni los Comunes ni ERC (fue el gobierno de Pere Aragonès el que impulsó estas multas), no están dispuestos a apoyarlo. Sí podrían contar los socialistas con la aprobación del PP y de Junts, aunque también hay que tener en cuenta el juego político de unos y de otros.