Sindicatos de los Mossos ven «imposible» llegar a los 25.000 agentes en 2030: «Están mintiendo»

El cuerpo de los Mossos d’Esquadra cuenta en estos momentos con 19.070 efectivos, pero el objetivo del gobierno de Salvador Illa es engrosar la plantilla hasta los 25.000 agentes de cara al año 2030. Se trata de una ampliación del techo del número de mossos –hasta ahora el límite estaba en 22.000– que se concretó esta semana durante la Comisión Bilateral entre la Generalitat y el Gobierno.

Esta inyección de 6.000 policías en menos de cinco años, no obstante, ya ha hecho levantar la ceja a los propios sindicatos de los Mossos. «Es imposible, irrealizable y están mintiendo dando estos datos desde el Departamento de Interior», asegura el portavoz de USPAC, Albert Palacio, en declaraciones a TV3, insistiendo en una advertencia que lleva tiempo machacando.

Se trata de una advertencia basada en cifras y en dinámicas: en 2022, hace ya tres años, el cuerpo contaba con 17.881 agentes, y en este periodo no ha ganado ni 1.200 policías. Sin embargo, para alcanzar la cifra soñada por Illa este crecimiento tendría que condensarse y repetirse cada año.

Además, según constata Palacio, aun en el caso de que se consiguiera nutrir el cuerpo a base de promociones masivas y llegar a los 25.000 agentes, «en condiciones de hacer tareas operativas» sólo habría «unos 15.000 o 16.000, menos que ahora». Esto se debe al envejecimiento del cuerpo: un 12% de sus integrantes –casi 2.300– tienen 55 años o más, por lo que están próximos a la edad de jubilación, y muchos de estos ya no pueden patrullar en la calle.

La capacidad limitada de la Escuela de Policía de Mollet del Vallès para formar nuevos reclutas en las cantidades que requiere la cifra prevista por el gobierno catalán es otro factor limitante que señalan los sindicatos. Desde la Generalitat están instalados en el optimismo, señalando que si es necesario se reforzará la escuela y apuntan a «convocatorias extraordinarias» para alcanzar el objetivo.

La perspectiva de vitaminar el cuerpo a través de promociones masivas, además de la previsible merma en el nivel de exigencia, ha puesto en alerta a los sectores más separatistas de la policía autonómica, agrupados en Mossos por la República Catalana, una sectorial de la ANC: «El anuncio no solo es preocupante por la falta de capacidad, sino porque ya hemos vivido que las macropromociones equivalen a la españolización del cuerpo», lamentaban en X.

Fuera la Policía y la Guardia Civil

Por lo pronto, lo que sí está negro sobre blanco es que el énfasis en los Mossos se produce a costa de los otros cuerpos policiales que actúan en Cataluña; en concreto, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Así lo constataba Illa tras la Comisión Bilateral, tras una visita a la comisaría de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en la que confirmaba su voluntad de fortalecer al cuerpo de cara a la asunción de las competencias de seguridad ciudadana en los puertos y aeropuertos de Cataluña a finales de año.

«Con la ampliación de la plantilla podremos asumir con plenas garantías las competencias de seguridad en puertos y aeropuertos», aseguró. Hace unas semanas, la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, dijo que los Mossos asumirían en septiembre las labores que hasta ahora vienen realizando la Guardia Civil y la Policía Nacional en estas infraestructuras.

También está en marcha la cesión de competencias en combatir delitos contra el medio ambiente –otro feo a la Guardia Civil, en este caso al Seprona– y su incorporación en Europol y en el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

Por detrás, además, planea la negociación entre Junts y el Gobierno para el traspaso «integral» de las competencias de inmigración a Cataluña, que según los de Carles Puigdemont debería implicar que los Mossos pasasen a encargarse de estas labores, incluyendo el control de las fronteras. Hace dos semanas, una decena de sindicatos y asociaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional mostraban en el Parlament un frente común contra lo que consideran un «mercadeo» con la seguridad de los españoles.