
Un edificio okupado en el barrio de Vallcarca, a 18 de mayo de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). El 42% de las okupaciones que se registran en España se localizan en Cataluña, siendo Barcelona la provincia con más viviendas allanadas. Los pasados días 9 y 11 de mayo se produjeron varias protestas de vecinos contra unos 150 okupas que viven en los inmuebles de ‘El Kubo’ y ‘La Ruïna', situados en la plaza Bonanova de la ciudad condal. 18 MAYO 2023;OKUPAS;OCUPAS;OCUPACION;OKUPACION;VIVIENDAS;ALLANAMIENTO;PROTESTAS;INMUEBLES David Zorrakino / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 18/5/2023
Cataluña
Los jueces de la Audiencia de Barcelona eximen al propietario de un piso okupado a seguir pagando los servicios
También se insta a la policía a que identifique a los ocupantes de la vivienda
Los jueces están moviendo ficha ante las ocupaciones ilegales. Si hace unas semanas, fueron los jueces de la Audiencia de Gerona los que autorizaron los desalojos exprés por parte de la policía sin autorización judicial antes de 24 horas, hoy hemos conocido que los magistrados de las secciones penales de la Audiencia de Barcelona han acordado que si el propietario de una finca ocupada de forma ilegal decide no mantener «el alta de los suministros o el abono de los mismos», esta situación no se considerará un delito de coacciones.
Además, los magistrados han decidido que no se archive un caso de usurpación por falta de autor conocido si antes no se ha ordenado a la policía que intente identificar a los ocupantes. Se trata de los conocidos como «ignorados ocupantes», personas desconocidas que no han mantenido relación contractual con el propietario, como aquellas que dejan de pagar el alquiler o la hipoteca, y que ocupan una propiedad.
Y es que conocer la identidad permitiría estudiar si se trata de personas vulnerables y ofrecerles los recursos pertinentes. Solo si practicada la diligencia policial se sigue sin poder identificarles, se procederá al sobreseimiento y archivo provisional de las actuaciones.
Los magistrados también han unificado criterios en cuestiones más técnicas, como la prescripción de los delitos. Todos los acuerdos serán comunicados al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al resto de audiencias provinciales catalanas, a los magistrados y letrados de la administración de justicia de la Audiencia, los jueces decanos, a la Fiscalía y a los colegios de abogados y procuradores de Cataluña.