Las prisiones catalanas son un coladero de teléfonos móviles

Solo en 2024 se incautaron 859 teléfonos móviles dentro de las cárceles catalanas. Son datos que ha ofrecido el departamento de Justicia de la Generalitat, tras una pregunta del grupo parlamentario del PP. El problema es que esta no es una situación nueva y los móviles dentro de los centros penitenciarios se han convertido en «un grave problema y evidencia la laxitud y la permeabilidad en cuestiones de seguridad» en las prisiones.

Es la denuncia que hace también la plataforma de funcionarios de prisiones Marea Blava, quien ha destacado que, en los últimos años, se han incrementado de forma importante el número de aparatos requisados. Hasta tal punto, que en 2018 se decidió crear un registro estadístico de este tipo de objetos que, recuerdan, están prohibidos en las cárceles.

Lo cierto es que, desde ese año, se han incrementado las requisas un 240%: se ha pasado de 358 móviles incautados en 2018 a los 859 del año pasado. Y eso que en 2024 bajó ligeramente la cifra, porque el año anterior fueron 874 el número de dispositivos que se requisaron. En siete años, entre 2018 y 2024, el número de móviles intervenidos suman algo más de 4.500. En cualquier caso, el año pasado se decomisó un teléfono por cada 10 internos que hay en los centros penitenciarios y, de media, se requisaron 2,32 teléfonos móviles.

Desde Marea Blava reconocen que se ha producido un «estancamiento» en las cifras en los dos últimos años, pero se preguntan «cuál es el número real de dispositivos móviles que, en estos momentos, están en manos de internos y sin ningún tipo de control». Recuerdan que, por ley, todo tipo de comunicación que los presos tengan con el exterior tiene que estar autorizada «expresamente» por las direcciones de los centros.

Y dejan claro que el uso de estos dispositivos por parte de los internos no es baladí, puesto que puede comportar «la comisión de nuevos delitos». Esta plataforma de funcionarios recuerda que puede suponer que continúe la actividad delictiva previa a la entrada a prisión; a coordinar la entrada y distribución de droga en las cárceles; la creación de redes de extorsión a otros internos y familiares para entrar droga; hacer pagos como consecuencia del tráfico y consumo de estupefacientes en el interior de los centros. Y, además, puede suponer que se incumplan sentencias judiciales de protección y no comunicación con las víctimas.

El PP pide inhibidores de frecuencia

En este sentido, el diputado del Partido Popular de Cataluña y portavoz en la comisión de Interior y Seguridad Pública, Alberto Villagrasa, ha anunciado que presentará una propuesta de resolución para que «urgentemente se implanten inhibidores de frecuencia» en las cárceles catalanas ante el «escandaloso» número de incautaciones de móviles a los reclusos. Todo ello obliga, asegura, a «medidas de control mucho más exhaustivas porque no es algo puntual, sino sistémico».

Los populares también proponen que se lleva a cabo una investigación en profundidad para determinar qué métodos se han utilizado para introducir estos dispositivos y, a partir de ahí, revisar los protocolos de vigilancia y control de accesos a las prisiones. Villagrasa también ha destacado que «a pesar de que la mayor parte de las intervenciones de móviles se dan en los módulos ordinarios, hemos visto también que se han requisado dispositivos en los de régimen cerrado, singulares, especiales y talleres, así que estamos ante un verdadero problema».

Si se desglosan los datos por centros penitenciarios, el año pasado se incautaron 81 teléfonos en Brians 1 y 106 en Brians 2; en el centro penitenciario de Mujeres de Barcelona, 10; en el de Jóvenes, 56; 92 dispositivos se decomisaron en Lledoners; 110 en Mas d’Enric; 69 en Ponent; 105 en Puig de les Basses; 217 en Quatre Camins y en los centros abiertos, 6 en Barcelona, 4 en Gerona y 3 en Lérida.