Crisis en la DGAIA: de la «reforma profunda» del Govern a la sombra de la corrupción que denuncia la oposición

A finales de marzo sorprendía el cese de los dos principales cargos de la DGAIA, la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, cuando apenas llevaban seis meses al frente de la institución. Se trata de la entonces directora general, Isabel Carrasco, sustituida por Josep Muñoz; y de su subdirector, Joan Mayoral.

Desde la Generalitat, la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mónica Martínez Bravo, se ha limitado a asegurar que el relevo obedece a la necesidad de un «liderazgo» con «más experiencia en la gestión de equipos y planificación estratégica».

Pero a la oposición no les acaba de convencer las explicaciones, y piden «transparencia», puesto que, no hay que perder de vista, que la DGAIA ha estado salpicada por casos de corrupción que afectan de lleno a la época en la que gobernaba ERC.

Y es que, entre otras cuestiones, la Sindicatura de Cuentas detectó un desorden fiscal y financiero entre 2016 y 2020. En su informe, este organismo decía que la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia contrató 154 centros por el procedimiento de emergencia «sin que se diese los motivos recogidos en las leyes de contratos para hacerlo».

También observó que la necesidad de plazas de acogida hizo que «las plazas se contratasen por el procedimiento de emergencia y con la sobreocupación de los servicios». Pero no solo eso. La DGAIA prorrogó varios contratos sin firmar ningún documento de prórroga, por lo tanto, «sin amparo legal ni documental», por lo que serían contratos a dedo y legalmente nulos. En el informe también se denuncia que se usó «reiteradamente» el procedimiento de emergencia en la contratación de los servicios el 2017 y el 2018.

Además, según apuntaban algunas informaciones periodísticas, la DGAIA habría permitido que jóvenes siguieran cobrando prestaciones, aunque que ya no cumpliesen con los requisitos establecidos. Y es que, por ejemplo, vivían fuera de Cataluña o tenían ingresos que eran incompatibles con la ayuda.

El Govern promete una auditoría

Ante este panorama, la consejera Martínez Bravo ha anunciado que su consejería encargará una auditoría para ver el alcance de las «incidencias» que pueda haber en la Dirección General de Atención a la Infancia. Aunque eso sí, ha dejado claro que no hay pruebas de «una trama corrupta», que es lo que habían denunciado la CUP.

E insistía en que los ceses se debía a la necesidad de una «reforma profunda», teniendo en cuenta que «muchos de los problemas» los ha heredado de los anteriores consejeros, que, a su juicio, no han movido ni un solo dedo, no han hecho cambios en la DGAIA «a pesar de los importantes problemas que arrastraba».

Desde VOX, la diputada María Elisa García Fuster ha recordado que los dos altos cargos cesados llevaban, en un caso, más de 30 años vinculados a la DGAIA, y, en el otro, en el caso de ex subdirector, casi dos décadas en el departamento, desempañando el mismo cargo entre 2007 y 2018. Por lo tanto, aseguraba, la consejera «conocía perfectamente sus perfiles».

De ahí que haya asegurado que, o bien el departamento «va dando tumbos y ni usted ni el Govern saben lo que quieren en cuestión de derechos sociales, o nos está mintiendo y la razón de estas destituciones es lo suficientemente grave como para esconderla aquí en el pleno y negarse a comparecer en comisión».

E insistía en conocer si la consejería tenían intención de depurar responsabilidades tras esas irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas, y que suponen más de 100 millones de euros adjudicados a dedo entre 2016 y 2020. Y adjudicados a empresas vinculadas a antiguos cargos del departamento.