Ilustración de Pedro Sánchez flanqueado por Junqueras y Puigdemont
El laberinto catalán
Mayo, otro mes con riesgo de final para el Gobierno de Pedro Sánchez
Junts y ERC no dan descanso a Sánchez: exigen la cesión del aeropuerto y la amnistía inmediata, así como más competencias y dinero
A 31 de diciembre, el ministerio de Transportes llevaba ejecutados en Cataluña un total de 2.034 millones de euros en obras. Es más del triple que en la Comunidad de Madrid, donde la ejecución fue de 627 millones, y por encima de la más extensa y poblada Andalucía, donde la ejecución fue de 1.895 millones.
La cifra podría ser motivo de satisfacción para el independentismo, que podría alegar que su influencia permite desviar hacia Cataluña la mayoría de la inversión del Estado, pero la insatisfacción nacionalista es perenne, y su queja se centra ahora en que el grado de ejecución en Cataluña es de los más bajos del Estado, con sólo un 60,34 %.
Todas las quejas y agravios son la base para seguir exigiendo a Pedro Sánchez nuevas concesiones. Hace pocos días el líder de ERC, Oriol Junqueras, explicó que una vez encarrilada la cesión de Cercanías-Renfe a Cataluña ahora era el momento del traspaso de los aeropuertos que AENA tiene en Cataluña: Barcelona-El Prat, Gerona, Reus y Sabadell.
Como toda petición de ERC debe tener respuesta por parte de Junts, para no quedar atrás, el secretario general de Junts, Jordi Turull, se desplazo a RTVE, donde ahora cuenta con Mikimoto como consejero y miembro del consejo de administración, para explicar que su paciencia en relación a la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont se ha terminado.
Dijo que el Tribunal Constitucional debe resolver la situación, obviamente a favor de los intereses de Puigdemont, durante el próximo mes de mayo o habrá consecuencias. La declaración de Turull es una advertencia al Gobierno de que los plazos filtrados por el Constitucional para resolver la carpeta de la amnistía antes del verano no son aceptables para Junts.
El cuento de la lechera
El cuento de la lechera de Junts no es una novedad, y tampoco su política de marcar plazos y exigencias que luego se dilatan o se desinflan, o ambas cosas a la vez. Por eso, la Moncloa recibe las amenazas con calma y la esperanza de que llegaran a un acuerdo, como ya han hecho con Junts, en tantas ocasiones precedentes.
Lo que sí preocupa en el Gobierno es que, una vez Cándido Conde Pumpido dé luz verde al regreso de Puigdemont, cosa que nadie pone en duda, se queden sin cartas para seguir jugando la partida con Junts y eso acerque al final de la legislatura.
Desde el PSOE se aferran a la esperanza de que una convocatoria electoral podría terminar con la situación de privilegio de Junts, derivada de la imprescindibilidad de sus siete escaños en el congreso, pero el temor a la llegada del momento clave de la legislatura se apodera del entorno presidencial ante la posibilidad de que no queden más trucos que realizar para alargar la vida del precario gobierno de coalición.
Turull fijó desde el canal público tres puntos clave a resolver entre abril y mayo: la imposible oficialidad del catalán en Europa, la materialización de la transferencia de las políticas de inmigración anunciada a bombo y platillo –pero para las que el gobierno de Salvador Illa ha pedido tiempo, al afirmar que no cuenta con recursos para poder absorberlas– y la aplicación de la amnistía a Puigdemont a pesar del pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de borrar la malversación como delito.
El último set ball superado por el Gobierno fue en febrero, cuando Junts accedió, en el último instante, a retirar la moción de confianza. Ahora ese momento de máxima tensión e incertidumbre puede volver en pocas semanas con la duda de si Junts, como viene haciendo, llevará la incertidumbre hasta el último instante para luego ceder.
Para ganar tiempo, el último conejo en la chistera de Sánchez parece que será acceder a mantener una reunión con Puigdemont para concederle la «amnistía política».
