Plataforma per la Llengua pide apartar a los jueces del TSJC por «participación irregular»

Plataforma por la Lengua ha presentado un escrito para recusar los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que han suspendido cautelarmente el decreto de régimen lingüístico de la escuela catalana. En el caso del juez Javier Aguayo, la entidad considera que hizo declaraciones partidistas a la misión de eurodiputados que el diciembre pasado se desplazó en Cataluña para observar el modelo de inmersión lingüística.

La recusación también considera que la interlocutoria se extralimita y anticipa a lo que debería resolver la sentencia. A su vez, la entidad ha presentado un recurso de reposición para evitar la suspensión cautelar del decreto y un escrito de oposición contra el pleito presentado por Asamblea miedo una Escuela Bilingüe.

En declaraciones a los periodistas, el asesor jurídico de Plataforma per la Llengua, Ramon Llena, ha explicado que plantean el levantamiento de la suspensión porque, a su juicio, no tiene razón de ser, y apunta a que «en la inmensa mayoría de los casos que se ha planteado la suspensión de un decreto se ha anulado».

La entidad considera que en su decisión el TSJC hace un «juicio sobre el fondo de la cuestión que, lejos de garantizar la finalidad del recursos, anticipa la decisión final, que se debe expresar a través una sentencia».

Para Plataforma per la Llengua, la decisión del TSJC «no es propiamente una medida cautelar ni una valoración defensiva de derechos en riesgo, sino una anticipación de la decisión final con un juicio previo a las alegaciones y pruebas de las partes, que está al margen del objetivo, finalidad y garantías de una cautelar».

Además, el asesor jurídico de la entidad ha informado de que la recusación también se extiende al resto de los jueces del caso por el hecho de que el auto entre a valorar cuestiones de fondo como la legalidad del decreto y porque «están prejuzgando la cuestión que es objeto final».

La organización también irá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) «porque el Tribunal Constitucional mantiene la decisión del Tribunal Supremo de excluir a la entidad de la ejecución de la sentencia del 25% de castellano en las escuelas de Catalunya».

Este recurso se presenta el mismo día en el que la Generalitat ha interpuesto también un recurso de reposición contra la decisión del TSJC, por considerar que «suspender la norma no evita ningún perjuicio ni daño irreparable a los interesados, uno de los supuestos que prevé la ley para dictar unas cautelares».

¿Qué es Plataforma per la Llengua?

La entidad, que se autodenomina como la ONG del catalán, ha recibido desde 2018 más de tres millones de euros en subvenciones públicas. Concretamente, 29 subvenciones que ascienden a los 3.321.191,53 euros. Más de la mitad se trata de subvenciones directas, «a dedo». Así lo denunciaba hace unos meses el grupo parlamentario de Vox, que registró una propuesta de resolución en la que se exige que se ponga fin al reguero de dinero público que recibe Plataforma.

De hecho, la formación recordaba que la entidad se dedica a promover actos de acoso lingüístico y ha «convertido la lengua catalana en una herramienta de confrontación del castellano».