La Audiencia de Barcelona pide que se exija la mediación previa en las secciones civiles

El presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, Antonio Recio, ha alertado sobre la saturación «inadmisible» que sufren las secciones civiles y ha pedido que se implementen mecanismos para reducir la cifra de asuntos que ingresen y que este 2023 se han situado en los 18.725. Lo ha dicho en la presentación de la Memoria 2023, en que ha apostado para que la mediación previa acontezca una exigencia legal que se incluya en la Ley de enjuiciamiento civil. A la vez, ha considerado que habría que revisar el formato de los procedimientos para facilitar la resolución y evitar que se dispare el tiempo de respuesta. Además, ha celebrado que se haya desencallado el proyecto para construir el nuevo edificio de la Audiencia de Barcelona que será una realidad el 2028 o el 2029.

Antonio Recio ha asegurado que las secciones civiles se encuentran «absolutamente superadas en carga de trabajo» y ha avisado de la necesidad de «tomar medidas». Ha expuesto que cada magistrado está asumiendo un 97,5% más de asuntos de los que le corresponderían y ha asegurado que se está llegando a una situación límite en la que estos profesionales no pueden dar más de sí mismos. «No podemos trabajar a más intensidad y resolver más asuntos porque si lo hiciéramos bajaría la calidad y creemos que podría perjudicar a la administración de justicia y a la respuesta que reciben los ciudadanos«, ha comentado el responsable de la Audiencia de Barcelona. Además, ha añadido que esto podría suponer »vulnerar el derecho a la tutela legal efectiva que marca la Constitución».

En cifras, ha recordado que en 2020 ingresaron 12.594 asuntos y que este dato se ha ido incrementando en los últimos años. En este sentido, ha avisado que este 2023 se han registrado 18.725. «La tendencia se mantendrá porque la entrada de causas a los juzgados de primera instancia es muy elevada», ha comentado Recio. Así, ha vaticinado que «la posibilidad de responder cada vez será más compleja». Ha comentado que en los años 2020, 2021 y 2022 las secciones civiles disponían de refuerzos de magistrados por parte del Ministerio de Justicia, pero ha dicho que estos recursos no se han podido mantener por cuestiones presupuestarias y porque, por motivos «obvios», se han centrado en el ámbito penal.

Mediación previa obligatoria

Recio ha detallado que los recursos pendientes de resolución en las secciones civiles se han doblado en la Audiencia, pasando de 11.149 el 2020 a 23.304 el 2023. Por este motivo, ha destacado la importancia de que los juzgados se doten de más magistrados y más funcionarios. A la vez ha considerado indispensable que el legislador impulse medidas para reducir el número de asuntos que llegan a los tribunales.

El presidente de la Audiencia Provincial ha apostado por que la conciliación previa o mediación sea obligatoria y acontezca una exigencia legal que se incluya en la Ley de enjuiciamiento civil. Desde su punto de vista es una herramienta «efectiva» en muchos casos. Así, ha puesto como ejemplo que cerca del 50% de asuntos penales se resuelven a través de este mecanismo. También ha considerado de vital importancia que se revise el formato de los procedimientos. Ha apostado para que los escritos sean más cortos y concisos.

Más magistrados en el ámbito penal

En cuanto a las secciones penales, ha indicado que hay «estabilidad» en la entrada de asuntos, alrededor de 23.000 cada año. Además, ha indicado que la resolución ha crecido, de forma que se ha pasado de las 18.080 del año 2020 a las 23.944 el 2023. Ha recordado que este año se ha incorporado un magistrado por sección, excepto en las secciones 8, 9 y 10, donde todavía hay cinco. La previsión, ha apuntado, es que a finales de año estas también dispongan de seis jueces. Por otro lado, ha dicho que se han reforzado los juzgados de Vilanova i la Geltrú (Garraf) y terraza (Vallès Occidental), para agilitar los juicios rápidos. Según recio, se ha conseguido que el tiempo de espera en estos órganos sea de cuatro meses.

También se ha referido a los juzgados de primera instancia y ha remarcado que el volumen de asuntos que llegan es muy elevado, acercándose a los 100.000 cada año. Ha dicho que el plazo para resolver procedimientos de primera instancia se sitúa entre el año y medio y los dos años y el que se da hasta obtener una sentencia firme puede elevarse hasta los tres o cuatro años. «Es un retraso que no podemos aceptar», ha sentenciado.

En cuanto a los juzgados de primera instancia especializados en familia y en violencia contra la mujer, también muestran un comportamiento estable que se adecua al módulo que marcha el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio. Con todo, se ha referido al caso del juzgado de primera instancia especializado en violencia contra la mujer de L'Hospitalet de Llobregat, donde la cifra de asuntos que llegan dobla el que determina el módulo. Por eso, ha explicado, se está estudiando unificar este órgano con los de Barcelona, en la Ciudad de la Justicia, de forma que se crearían dos de nueces y la capital catalana pasaría a tener sed.

Por otro lado, se ha referido a los juicios con jurado que son «complejos y costosos». Ha apuntado que en 2023 la Audiencia de Barcelona acogió 70 juicios con jurado, 32 por homicidio y 32 por allanamiento de morada. En este última tipología, se lograron conformidades en el 50% de los casos. Por este motivo, ha pedido que este tipo de procedimientos se excluyan de los juicios con jurado.

Nueva Audiencia

El presidente de la Audiencia provincial de Barcelona también se ha referido al nuevo edificio de la Audiencia que se construirá en un solar ante el Palacio de Justicia y que estará en funcionamiento el 2028 o el 2029. Ha celebrado que quince años después se haya podido desencallar este proyecto, que dispone de 98 millones de euros de financiación.

«Se seguirá el proyecto ya aprobado en 2010» ha comentado Recio que ha dicho que se podrá ofrecer una mejor atención a la ciudadanía en general y a las víctimas en general porque la equipación dispondrá de circuitos diferenciados. «No hay ningún tipo de oposición por parte del Ayuntamiento de Barcelona y disponemos de la habilitación presupuestaría, por lo tanto solo hay que ponerse a la obra». A banda, ha aprovechado para destacar el trabajo del departamento de Justicia que «por fin» ha conseguido poner en marcha esta construcción.