Barcelona prepara una «policía lingüística» para multar a los negocios que no hablen y rotulen en catalán

Barcelona contará con una «policía lingüística» para multar a los comercios que no atiendan o no rotulen en catalán. No será una policía como tal, sino los inspectores municipales que, además de verificar que los negocios tienen todos sus permisos en regla y cumplen las normativas, también tendrán que comprobar que cumplen con sus «obligaciones lingüísticas».

La denuncia la ha hecho el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, quien ha lamentado que el alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, «tarda hasta 1000 días en otorgar una licencia de actividad. En cambio, ha decidido poner en marcha una policía lingüística para multar inmediatamente los negocios que no hablen en catalán. En lugar de perseguir delincuentes, el PSC se dedica a perseguir a los castellanohablantes».

Se refiere Sirera al nuevo plan municipal de inspecciones 2024-2027 que está elaborando el Ayuntamiento de Barcelona. ERC pidió que se incluyera como objetivo «prioritario» de la actividad inspectora «el uso de la lengua catalana», en definitiva, que se incluya «la vulneración de derechos lingüísticos» en comercios, dentro de ese plan integral de inspección. Lo defendió el concejal Jordi Castellana, quien denunció que «hay empresas y entidades privadas que niegan la atención a personas que quieren continuar hablando en castellano».

Para el concejal republicano hay dos datos que son «preocupantes». Por un lado, que el uso del catalán es la cuarta causa de discriminación, según las denuncias que llegan al Ayuntamiento. Y, por otro lado, que según la encuesta de usos lingüísticos de 2018, un 40% de establecimientos comerciales de Barcelona «no usan nunca el catalán a la hora de atender a sus clientes». Para Castellana, ante este panorama, no es solo importante que se tramiten las denuncias que se puedan presentar, que también, sino que piden que ese plan de inspecciones «también detecte situaciones que, si no, no se detectarían».

El Gobierno municipal acepta

Y el gobierno municipal recogió el guante y aceptó la propuesta. Lo hizo la teniente de alcalde Maria Eugènia Gay, quien dejó claro que el Consistorio «trabajará para que las relaciones comerciales en Barcelona sean respetuosas con los derechos de los consumidores» y, por lo tanto, se garantizará «su derecho a ser atendidos en catalán». Gay destacó el «compromiso» del gobierno de Collboni en «la defensa y promoción» del catalán «como lengua propia de Cataluña».

De hecho, dejó claro que es «una obligación legal y un paso fundamental para garantizar nuestra cultura y nuestra identidad». Por este motivo, ya avanzó a ERC que su compromiso será incluir esta cuestión en las actividades inspectoras y estudiar «cómo integrar mejor los derechos lingüísticos» que recogen la Carta Municipal y el Estatuto de Cataluña. «Por supuesto, será una prioridad», insistió Maria Eugènia Gay.

Y el objetivo será que la Inspección municipal tenga en cuenta las cuestiones lingüísticas, más allá de lo que ya se hace actualmente, que es tramitar las quejas que llegan a la Oficina del Consumidor contra los comercios que no cumplen con la obligación de atender o rotular en catalán. Quejas que se trasladan a la Agencia Catalana de Consumo, que es la entidad responsable, apuntaba Gay, «de la inspección y de la sanción si detecta cualquier vulneración de la norma».

Sin embargo, y según ha denunciado Convivencia Cívica Catalana, solo el 15 % de los comercios en Barcelona tiene el letrero en español, mientras que en Lérida es del 9 % y en Gerona aún baja más este porcentaje, hasta el 5 %. La entidad lamenta que «los separatistas no tienen suficiente, siguen persiguiendo y multando a los pocos que lo usan. No buscan proteger el catalán, buscan erradicar el y lo español».