Denuncian que se ha triplicado el alquiler de pisos del Ayuntamiento de Barcelona para personas vulnerables

En el número 2 de la calle Santa Elena de Barcelona, que es un edificio municipal, una mujer mayor se queja de que ha recibido una carta en la que le anuncian el nuevo alquiler: pagará a partir de ahora 415 euros, cuando antes pagaba por la vivienda unos 236 euros. Apenas le queda para pagar los suministros y para comer. Así se lo ha explicado al presidente del grupo municipal del Partido Popular, Daniel Sirera, quien pide al alcalde, Jaume Collboni «que no se comporte con un fondo buitre» con los vecinos que viven en ese inmueble.

De hecho, el dirigente popular espera que el Ayuntamiento solucione de forma urgente «la situación de riesgo de exclusión en la que se encuentran muchos inquilinos tras incrementarles indiscriminadamente el alquiler». Y es que, en algunos casos, ese importe se ha llegado a triplicar. Sirera considera que este incremento «indiscriminado» parece más «injustificado» cuando el consistorio, como propietario, «no invierte en el mantenimiento de la finca en la que hace más de un mes y medio que no tienen interfono y parte de la escalera no tiene luz».

También ha lamentado Sirera la tardanza del Ayuntamiento en atender las demandas de estos vecinos y dar respuesta. Considera que no es normal que, al solicitar cita con los servicios de asistencia social, «tarden hasta 2 o 3 semanas en ser atendidos». Dani Sirera ha afirmado que «en Barcelona no nos podemos permitir que haya personas vulnerables que vivan de esta manera en edificios municipales, muchos menos si el gobierno municipal se declara el más progresista de la historia».

El caso de la vecina que mencionábamos no es el único. Le ha pasado a otras seis familias que también han visto cómo sus cuotas han aumentado de forma significativa. En algunos casos, y sin previo aviso, el alquiler pasó de 120 euros a 500, algo más del triple. Los afectados han acudido al Instituto Municipal de la Vivienda para pedir explicaciones. Pero se les pide que firmen antes una cláusula, si es que quieren conocer a qué responde ese incremento del precio del alquiler. Siguen exigiendo una aclaración por parte del Ayuntamiento que, hasta ahora, ha dado la callada por respuesta.

Fuentes municipales han asegurado a la ACN que las personas adjudicatarias de un piso en régimen de alquiler social del parque público de vivienda municipal «tienen que hacer una renovación cada dos años para acreditar nuevamente su situación económica, demostrar que siguen cumpliendo los criterios y ajustar el precio en caso de que sea necesario». Y han dejado claro que estos importes «nunca serán superiores al 30% de sus ingresos». Pero, en algunos casos, no se cumple esta premisa.