60 locales cercanos a la Sagrada Familia de Barcelona, en el punto de mira por no rotular en catalán

Los establecimientos comerciales de Cataluña no solo tienen que hacer frente a la presión lingüística que ejercen las administraciones, sino también a entidades o particulares, que a menudo se definen como «activistas por la lengua», y que se dedican a señalar y a denunciar a aquellos comercios que rotulan en español, e incluso a empleados que no conocen el catalán, a veces, porque han llegado hace poco tiempo a Cataluña.

Pues fruto de ese activismo, ahora, unos 60 comercios del entorno de la Sagrada Familia se encuentran en el punto de mira porque no incluyen el catalán en su rotulación y, algunos de ellos, aseguran, no tienen personal que puede atender en esta lengua. El trabajo «de campo» lo ha hecho la escritora Clàudia Viladrich, quien denuncia que «más de 60 establecimientos para denunciar a Consumo por incumplir la Ley de Política Lingüística. Incluso me he encontrado con cuatro que no entendían el catalán».

Una denuncia que acompaña con las correspondientes fotos de todos los comercios, entre los que hay bares, restaurantes, centros de estética o tiendas de ropa. De hecho, se queja de que Barcelona es una ciudad «descatalanizada» sin personalidad. Es más, esta «activista por la lengua», después de denunciar a un restaurante porque el personal no entiende el catalán, asegura que «habría que hacer una redada en todos los restaurantes de Cataluña y revisarlos uno por uno».

También recoge, por otro lado, una iniciativa nueva que consiste en colocar pegatinas en los establecimientos denunciando que incumplen la ley de Política Lingüística, como paso previo a la denuncia ante la Agencia Catalana de Consumo (ACC). Precisamente este organismo ha puesto el foco en las cuestiones lingüísticas y el año pasado, las sanciones por vulneración de los derechos lingüísticos fue el segundo capítulo que más creció. En un año, se han multiplicado por cuatro y casi rozan los 500.000 euros, cuando en 2021, por este mismo concepto, se recaudaron 17.350 euros.

En este punto, hay que tener en cuenta el número de denuncias que ha recibido la ACC por parte de la ciudadanía. Si en 2021 recibió 206; y en 2022, 456; el año pasado se disparó esta cifra, porque las denuncias llegaron a las 1.873, o lo que es lo mismo, se multiplicaron por cuatro respecto al año anterior. Y en concreto, la Agencia ha sancionado un total de 621 infracciones en este ámbito, un 284 % más que en 2022. El año pasado el importe total de las sanciones creció hasta los 496.920 euros, un 342 % más que en 2022.

Y, por si no fuera poco, Barcelona contará con una «policía lingüística» para multar a los comercios que no atiendan o no rotulen en catalán. No será una policía como tal, sino los inspectores municipales que, además de verificar que los negocios tienen todos sus permisos en regla y cumplen las normativas, también tendrán que comprobar que cumplen con sus «obligaciones lingüísticas».

Es la denuncia que hacía el presidente del grupo municipal del Partido Popular, Daniel Sirera, teniendo en cuenta el nuevo plan municipal de inspecciones 2024-2027 que está elaborando el Ayuntamiento de Barcelona. ERC pidió que se incluyera como objetivo «prioritario» de la actividad inspectora «el uso de la lengua catalana», en definitiva, que se incluya «la vulneración de derechos lingüísticos» en comercios, dentro de ese plan integral de inspección.