Una médico atiende a una paciente en un centro médico
La «ONG del catalán» carga contra una psicóloga por no entender el idioma al atender una urgencia
Una psicóloga recién llegada atiende en castellano una urgencia en Reus ante la ausencia del personal titular
El caso de una psicóloga del Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil (CSMIJ) de Reus ha reavivado el debate sobre los derechos lingüísticos en la atención sanitaria en Cataluña. La profesional, quien atendía una urgencia en reemplazo del especialista habitual, explicó que aún no comprendía suficiente catalán debido a su reciente llegada. Sin embargo, la situación ha generado una denuncia por discriminación lingüística interpuesta por Plataforma per la Llengua.
El incidente se produjo el 4 de septiembre, cuando una madre solicitó ayuda para su hijo con síndrome de Asperger en el centro, gestionado por el grupo Pere Mata. Según la denuncia, la psicóloga pidió a la mujer que se expresara en castellano para poder comprender el caso, ya que la profesional estaba cubriendo una ausencia y carecía del dominio necesario del catalán. Ante la situación, la madre explicó el caso en castellano y después acudió a Plataforma per la Llengua, que llevó la queja al Departamento de Salud.
Desde la Generalitat de Cataluña se justificó la actuación de la psicóloga en base a la situación del sistema de salud, destacando que la falta de psiquiatras y psicólogos en el área obliga a recurrir a profesionales de otras regiones de España, quienes pueden necesitar tiempo para adaptarse a las particularidades lingüísticas locales. La administración lamentó la incomodidad de la usuaria, al tiempo que expresó la dificultad para cubrir todos los puestos con personal que cumpla con el nivel adecuado de dominio de ambas lenguas oficiales.
Plataforma per la Llengua ha criticado esta situación, considerando que se vulnera el derecho de los pacientes a expresarse en su lengua materna en el sistema de salud público, algo que recoge el artículo 11 de la Ley 1/1998 de política lingüística en Cataluña. La entidad sostiene que deberían existir mecanismos para garantizar este derecho, especialmente en áreas sensibles como la salud mental, que requiere una comunicación fluida y sin barreras.