Sale a la luz una orden de alejamiento del exmarido de Oltra que pone contra las cuerdas a la vicepresidenta

La tercera y última sesión programada en el juzgado de instrucción número 15 de Valencia para esclarecer los hechos en el caso de supuesto encubrimiento de abusos sexuales de Luis Eduardo Ramírez Icardi, el exmarido de la vicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra, a una menor tutelada por la Conselleria de Igualdad acabó con la aportación de un documento que pone contra las cuerdas a Oltra y a la administración valenciana.

El abogado de la actual investigada y directora territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas de Castellón, Carmen Fenollosa, entre toda la documentación presentada sacó a la luz una orden de alejamiento del exmarido de Oltra a la menor abusada recibida en Conselleria y que Igualdad no acató en ningún momento y «envió a un expediente reservado para ocultarla», desvelan a El Debate fuentes de la investigación. «Este documento que prohíbe acercarse a la menor a menos de 200 metros prueba que Igualdad incumple la decisión judicial e incurre en un nuevo orden delictivo que es el desacato y a partir de ahí lo que hace es iniciar una investigación paralela de la que no tiene potestad que acaba por señalar a la menor y desacreditarla mediante la creación del expediente parajudicial que es, a su vez, el que ha iniciado las imputaciones de siete altos cargos que están declarando estos días», explica el abogado de la acusación popular GOBIÉRNA-TE. «En lugar de acatar la orden y extremar medidas para proteger a la menor, Conselleria hace caso omiso y no paraliza el acercamiento de Icardi a la menor. En cambio, a quien traslada de centro es a la niña abusada un 18 de agosto de 2017 y solo ante la insistencia de la fiscal que tuvo que enviar hasta tres escritos para lograrlo. Por el contrario, a Icardi le mantienen en el puesto durante meses, encargado de otros menores», explican a El Debate dichas fuentes que lamentan: «No he visto en mi vida mayor sectarismo».

Oltra «mintió y debe dimitir»

Además, la orden de alejamiento con fecha de registro de entrada del 28 de julio de 2017 pone en evidencia otra cuestión: «el conocimiento de los abusos por parte de Oltra una semana antes de lo afirmado por ella misma en sede parlamentaria», resaltan dichas fuentes. Cabe recordar que el 21 de abril de 2021 la vicepresidenta defendió públicamente que ella tuvo conocimiento del caso un 4 de agosto de 2017 cuando recibió en su casa una citación de la policía contra su marido. Sin embargo y frente a la pregunta directa del juez, Fenollosa declaró ayer que Oltra «sí tuvo conocimiento de la orden de alejamiento» tras haberla recibido en Conselleria y en función de esas declaraciones «queda claro que Oltra mintió públicamente», aseguran. «Esta prueba hasta ahora desconocida en todas las causas abiertas mete a Oltra en el peor de los escenarios, es la acreditación de que conocía los hechos de primera mano antes de lo que dijo», insisten las fuentes.

Y es que tras los nuevos datos y nombres que han salido a la luz en estos tres intensos días de declaraciones, desde GOBIÉRNA-TE indican que «se evidencia la necesidad de seguir con la investigación y se ha puesto de manifiesto la capacidad obstructiva de la Conselleria de Oltra en un caso de abusos sexuales en el que estaba implicado un trabajador suyo y en el que voluntariamente hasta la fecha no le ha nombrado un defensor a la menor abusada pese a ser su tutora. Al revés, ha tratado de ocultar los hechos en expedientes reservados y secretos en los que constan los datos de la menor y en cambio se ocultan con iniciales o sin incluir los apellidos y datos del marido de Mónica Oltra, presunto delincuente entonces y hoy condenado», argumentan. «Después de lo de ayer Mónica Oltra tiene que dimitir», apuntan.

¿Podría acabar Oltra imputada?

La condición de aforada de la vicepresidenta del Consell complicaría un escenario de posible imputación. En un primer momento la actual investigación debería de finalizar y si como consecuencia de ella hay indicios de que pudo haber participado en los hechos delictivos el juez sólo podría investigarla remitiendo el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con un informe razonado que justificase dicha imputación.