El hermano de Ximo Puig confirma que duplicó facturas para obtener subvenciones

No hubo fraude ni irregularidad, insiste la defensa de Francis Puig, pero sí facturas duplicadas para obtener las subvenciones. La excusa, el 'vacío legal' en la administración catalana que no pide como requisito para acogerse a una subvención el haber recibido ya una de otra comunidad autónoma. Y por tanto, la duplicidad de facturas presentadas en la administración valenciana y la catalana por el hermano del presidente de la Generalitat Valenciana y sus socios no es ilegal.

Y es que tras cuatro horas de declaración como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia en la causa por supuesto fraude de subvenciones concedidas por la Generalitat Valenciana, el Gobierno de Aragón y la Generalitat de Cataluña, el abogado de Francis Puig, Javier Falomir, confirmó la existencia de dichas facturas duplicadas. «Es verdad que se han aportado las mismas facturas en ambas administraciones, pero eso no significa que se impute la totalidad del gasto. Cada administración decide la parte que subvenciona, sin aclarar qué gastos son los sufragados», se excusó. Además, y tirando balones fuera, Falomir señaló que la propia Generalitat Valenciana nunca les informó de que estuviesen cometiendo ninguna irregularidad. Unas declaraciones que provocaron la reacción del PP, acusación directa de esta causa. «La trama de caza de subvenciones hoy ha sido reconocida por su principal cabecilla, Francis Puig, quien ha acusado a la Generalitat valenciana, alegando que nunca se le advirtió de que había algo incorrecto. Por tanto, la responsabilidad de la Generalitat es patente en este caso, ya que no revisó las justificaciones de las subvenciones, tal y como hemos denunciado en diversas ocasiones», apuntó la síndica popular Eva Ortiz.

Por otro lado, el letrado Falomir basó la defensa de su cliente en que en ningún caso las cantidades que supuestamente se adjudicaron de forma irregular a las empresas de Puig y otros socios superan los 120.000 euros, por lo que se descartaba el fraude de subvenciones. Para probarlo, el abogado se ha comprometido a aportar toda la documentación necesaria, como facturas y otros documentos. Así, la culpa, de nuevo, la echó a terceros, en este caso al informe de la Guardia Civil. Para este abogado, la Benemérita parte en su informe de cuestiones que «podría haber hecho mejor». «El informe induce a error al indicar que para superar los 120.000 euros hay que sumar los importes concedidos, pero no es eso, sino los importes que supuestamente se haya concedido de forma irregular, y si sumamos las cantidades a las que la Guardia Civil pone objeciones no se llega a esa cantidad en ningún caso».

La reacción de Ximo Puig

A propósito de la declaración judicial de su hermano, el presidente valenciano volvió a reiterar que la Generalitat «no está concernida» en esta cuestión y que en caso de observarse alguna irregularidad, su Gobierno «pedirá compensaciones o lo que corresponda".

El próximo miércoles está citado a declarar al empresario Juan Enrique Adell Bover, socio de Francis Puig en varias empresas dedicadas a la comunicación y también investigado en esta misma causa, junto con el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, para cuya declaración todavía no hay fecha.