Los negocios bajo sospecha del hermano de Ximo Puig

Marzo de 2019. El PP presenta una querella contra Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y contra el director general de política lingüística, Rubén Trenzano. Se les imputan los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en subvenciones públicas entre los años 2015-2018. Unas acusaciones que el juzgado de Instrucción número 4 de Valencia investiga actualmente y por las que esta semana ya han sido llamados a declarar Francis Puig y uno de sus socios, Juan Enrique Adell Bovell.

De probarse los hechos, afectarían directamente a tres partes del Gobierno valenciano: la Presidencia, con subvenciones en materia de turismo y contratos de publicidad institucional; la Conselleria de Economía, con subvenciones para el fomento del empleo; y sobre todo la Conselleria de Educación, con jugosas subvenciones para el fomento del valenciano en los medios de comunicación.

Además, otras administraciones del Estado se verían afectadas por supuestos contratos o subvenciones fraudulentos: la Generalitat de Catalunya, la Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de Morella, en gran medida por facturas duplicadas.

La Guardia Civil en su informe sobre el caso apunta a cuatro tipos de supuestas irregularidades en la justificación de gastos para optar a dichas subvenciones (facturas cruzadas, facturas por gastos no subvencionables, justificaciones de los mismos gastos ante varias administraciones y omisión del hecho de haber recibido subvenciones por idénticos proyectos).

El pasado abril, la Fiscalía Anticorrupción solicitó cuantificar las ayudas recibidas por las empresas implicadas Comunicacions dels Ports, Mas Mut Producción y Canal Maestrat para poder concluir si la cantidad recibida inquiere en delito.

Para el Partido Popular la suma de las ayudas recibidas es muy superior a la permitida legalmente, fijada en 120.000 euros. «La trama habría recibido una cifra cercana a 2.000.000 euros en subvenciones y contratos de las administraciones públicas desde que Ximo Puig es presidente», calculan. En concreto, «solo las empresas de Francis Puig (Comunicacions dels Ports, S.A. y Mas Mut Produccions, S.L.) habrían percibido desde junio de 2015 más de 500.000 euros en subvenciones de la Generalitat Valenciana; más de 400.000 euros en subvenciones de la Generalitat de Catalunya y la Diputación General de Aragón; más de 400.000 euros en contratos públicos, de la Generalitat Valenciana, del Ayuntamiento de Morella y de otras administraciones públicas», reclaman.

Sin embargo, este lunes el abogado de Francis Puig, Javier Falomir, defendía a su cliente indicando que no hubo fraude porque las cantidades que supuestamente se adjudicaron de forma irregular «no superan los 120.000 euros». Días después y ante las Cortes Valencianas salía en defensa del investigado en la misma línea la consellera de Justicia y novia del presidente de la Generalitat, Gabriela Bravo, quien apuntó que en «los 388 folios del informe de la Guardia Civil no hay ni un solo párrafo que concluya que la cantidad obtenida de forma irregular supere los 120.000 euros». Unas declaraciones que han motivado de nuevo al PP a presentar una queja ante el juzgado que lleva la causa abierta por «obtención y revelación de datos que están bajo secreto de sumario», denuncia la presidenta del Grupo Popular en Las Cortes, Eva Ortiz.

Trato de favor y más familiares implicados

En tela de juicio está también el supuesto trato de favor por parte de la Generalitat a las empresas implicadas en la supuesta trama desde la llegada de Ximo Puig a la presidencia. Prueba de ello es que «todas han multiplicado por 25 la subvención obtenida, y lo han hecho mediante justificaciones ilegales: facturas cruzadas para incrementar falsamente los gastos y justificación de audiencias muy superiores a la real, entre otras cosas», señalan desde el PP.

Pero la posible trama podría salpicar a más miembros del clan Puig. Desde el PP aseguran que tras el informe de la Guardia Civil ampliarán la querella para denunciar falsedad documental por parte de la cuñada del presidente y su otro hermano, Jorge Puig. Desvelan que la mujer de Francis Puig «emite facturas de su perfumería en Morella a la empresa de su marido, y este las presenta como gastos en sus empresas para justificar subvenciones». Y por otro lado, Jorge Puig «arrendaba una propiedad suya a su propia empresa. Y en muchos casos no hay constancia del pago del alquiler».

La diputada popular ha recordado que «la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia Civil, la Agencia Tributaria, y esta semana, los cabecillas de la trama Puig, han reconocido en el juzgado que presentaron facturas cruzadas, falsas, duplicadas; así como facturas de gastos de los domicilios particulares de los hermanos del presidente Puig».

Por todo ello se pregunta: por qué la Generalitat a día de hoy no le ha reclamado el dinero público supuestamente defraudado a Francis Puig –ya que al socio sí que se le han pedido siete reintegros– ni tampoco parece que haya interés en personar a la abogacía de la Generalitat Valenciana en la causa. Todavía queda juicio para largo.