Los casos de corrupción que acorralan a Ximo Puig y hacen peligrar su mandato

A un año de las elecciones, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ve acorralado políticamente por las sospechas de corrupción que saltan en su entorno familiar y político. A las investigaciones abiertas a su hermano Francis Puig y a su vicepresidenta primera Mónica Oltra hay que sumarle la supuesta corrupción en el seno del PSPV por el caso Azud –que afecta a la imagen del partido– y la reciente investigación por la compra lesiva de material anticovid.

Todo un panorama que ha alejado las pretensiones del socialista de adelantar elecciones autonómicas, como se preveía en un principio, de cara a una tercera legislatura al frente del Consell. Y es que las encuestas internas apuntan a que su derrota, tal y como están las cosas actualmente, sería segura.

Caso Azud: corrupción urbanística

La macrocausa del caso Azud, que investiga supuestos pagos y cobros de comisiones a cambio de favores urbanísticos, está actualmente en manos del juzgado de instrucción número 13 de Valencia. Lo que empezó siendo una causa que supuestamente estrechaba el círculo sobre miembros del PP está derivando en una mayoría de imputados del PSPV. La apertura parcial del secreto de sumario tras cinco años de investigación ha provocado que trascienda ya que ciertos cargos importantes y personas afines al partido de la rosa se beneficiaron de estos sobornos. Un ex subdelegado del Gobierno, Rafa Rubio, un ex responsable de finanzas del PSOE, Pepe Cataluña, así como su abogado, José Luis Vera, con vínculos históricos al PSOE, se encuentran en la lista de más de 60 imputados en donde figura como presunto cabecilla el empresario Jaime Febrer. Es por su defensa en esta causa que el exportavoz socialista en el Consell, Manolo Mata, abogado de profesión, dejó el escaño de diputado autonómico para dedicarse a ella en exclusiva. Además, el caso destapa también una posible financiación ilegal del PSOE para campañas electorales.

Cabe resaltar que, al menos por el momento, el caso Azud no implica directamente al actual Gobierno pero sí gravemente al PSOE valenciano y su reputación, y por tanto, a la de su secretario general, Ximo Puig.

Caso Oltra: prevaricación y engaño

Otro de los quebraderos de cabeza del secretario general del PSOE valenciano es la situación judicial de su socia de Gobierno, portavoz y vicepresidenta Mónica Oltra (Compromís). La duda sobre si la también consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas fue responsable del caso de encubrimiento de abuso sexual a una menor tutelada por parte de su exmarido, Luis Eduardo Ramírez Icardi, es cada vez más acuciante. Fue el juez que instruye el caso en el número 15 de la Ciudad de la Justicia–y que ya investiga a 13 cargos de la Conselleria de Igualdad–, quien solicitó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que estudiase su imputación, ya que Oltra cuenta con la condición de aforada, para poder seguir con la investigación. Por el momento, las partes consultadas por el TSJCV para investigar a Oltra, como la Fiscalía Superior, han dado luz verde a la imputación y todo apunta a que en breve saltará la noticia. De pasar esto el tripartito que gobierna la Generalitat Valenciana, el llamado pacto del Botánico (PSOE- Compromís- Podemos), se verá gravemente perjudicado y la legislatura gravemente comprometida.

Francis Puig: subvenciones irregulares

Pese a la defensa férrea de Ximo Puig ante los medios y en las Cortes sobre el buen hacer de la Generalitat Valenciana en la supuesta donación irregular de subvenciones a las empresas de su hermano y socios, lo cierto es que los delitos por los que se le acusa a Francis Puig de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en subvenciones públicas salpican directamente a Presidencia y a las consellerias de Economía, Educación y Agricultura. Por el momento, la causa sigue abierta en el juzgado de instrucción número 4 y en declaraciones ante el juez el propio hermano ya confesó la existencia de facturas duplicadas.

Material covid: sobrecostes disparados

En las últimas semanas ha saltado a la opinión pública un nuevo frente para Ximo Puig: el relacionado con la covid y la supuesta compra de material sanitario como mascarillas que pudo ser lesiva para los intereses de las arcas públicas de la Generalitat. La investigación abierta por la oficina Antifraude de Valencia apunta al Consell y habla de posibles sobrecostes del 30 % o 40 % en la compra. Sin que por el momento haya trascendido cuáles son los contratos de material encargado investigados, desde el PP hablan del contrato más voluminoso por material de emergencia que se realizó durante la pandemia y que se relaciona directamente con la por entonces secretaria autonómica de Economía Sostenible Rebeca Torró, actual titular de la cartera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Y es que fue ella quien encargó este contrato a la empresa Comité Textil, por un total de 44 millones de euros.

De confirmarse todos estos supuestos casos, podríamos estar hablando de un Gobierno en el que cinco de sus principales áreas estarían relacionadas con casos de corrupción: las consellerias de Igualdad, Educación, Economía y Agricultura más Presidencia. Todo un entramado de corrupción que supondría una debacle para el actual presidente y el Gobierno de quien es líder.