La UCO investiga contratos de la época de Zapatero en el caso 'Azud'

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo una serie de registros en las provincias de Madrid, Valencia, Alicante y Castellón, dentro de las investigaciones del caso Azud.

En esta ocasión, los registros se han realizado en la empresa promotora Construcciones Luján y en la sede de Acciona por las sospechas del titular del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional de que se podría haber cometido varios delitos en relación al trasvase Júcar-Vinalopó bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero.

Concretamente, el magistrado instructor apunta a la posibilidad de que el montante total que se podría haber desviado desde la empresa pública Acuamed ascendería hasta los veinte millones de euros.

Por el momento, aunque la Guardia Civil está tomando declaraciones a diversos testigos e investigados, no se ha procedido a la detención de ninguna persona.

Los contratos que estarían bajo sospecha corresponden a la época en que el ministerio de Medio Ambiente estaba bajo la responsabilidad de Cristina Narbona, actual presidenta del Partido Socialista y una de las personas de la más estrecha confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, el origen del caso ‘Azud’ tiene como origen una serie de contratos realizados en el Ayuntamiento de Valencia y que afecta tanto al Partido Popular, con el que era vicealcalde Alfonso Grau a la cabeza, como al PSPV.

Tal es la gravedad de la causa, que uno de los más estrechos colaboradores del presidente valenciano Ximo Puig, como es Manuel Mata, se vio obligado a dejar su cargo de portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas para dedicarse, como letrado, a la defensa en exclusiva de los socialistas implicados en el caso.

La clave de estas nuevas inspecciones radica en las anotaciones que se le incautaron al responsable de finanzas de los socialistas valencianos, José María Cataluña, que reflejó el pago de una comisión del 5% en la licitación de uno de los tramos del citado trasvase.

Precisamente, dicho tramo resultó ser el más caro de todos los que componían la obra, con un total de 39,7 millones de euros, por lo que bajo el concepto de «condición de adjudicación» se llegaron a cobrar dos millones de euros.

Dicho importe se habría repartido, presuntamente, entre las dos adjudicatarias resultantes, Luján y Acciona. De este modo, mientras la primera aportó 600.000 euros, la segunda hizo lo propio con 1.400.000 euros para lograr el favor de Acuamed.