Comunidad Valenciana  Siguen las malas noticias para Oltra: el juez ordena incorporar a la causa los correos de los imputados

El titular del Juzgado número 15 de Valencia ha ordenado que los correos de la mayoría de los investigados en el caso Oltra se incorporen a la causa en la que la exvicepresidenta valenciana está acusada de, presuntamente, haber encubierto los abusos sexuales de su por aquél entonces marido a una menor de catorce años tutelada en un centro de su Consejería.

La decisión del magistrado José Ríos afecta a catorce de los dieciséis implicados, entre los que hay psicólogas y técnicos del departamento de Igualdad que gestionaba Oltra, así como personas de su más estrecha confianza.

Este paso más en el caso Oltra, según el escrito del instructor, tiene que llevarse a cabo en un máximo de treinta días, aunque este plazo podría ser objeto de ampliación si se justificase adecuadamente ante el Juzgado.

Para que este proceso se produzca con las máximas garantías personales y procesales, el magistrado ha trasladado al jefe Superior de Policía de Valencia el expediente, de cara a que sea él quien decida cuál es la mejor forma de proceder para recopilar los correos electrónicos que el juez desea investigar.

Expediente para desacreditar a la menor

En este sentido, las comunicaciones a incorporar serían aquéllas que se dieron entre los días 20 de febrero y 23 de marzo de 2017. En ese periodo, la víctima, Teresa, relató por primera vez los abusos sexuales por parte del marido de Oltra, que era su monitor en el centro. Sin embargo, este volvió a sus labores ya que el testimonio no revistió credibilidad para las psicólogas de la Consejería.

El segundo lapso de tiempo abarca desde el 5 de julio al 1 de diciembre, también de 2017. Ahí, Oltra ya tenía conocimiento del caso y de que el implicado era su ya exmarido, pero el instructor sospecha que promovió la apertura de un expediente interno con tal de desacreditar la versión ofrecida por la joven, incluso habiendo conseguido que al acusado le impusieran una orden de alejamiento.

Desde que se relacionó a Mónica Oltra con presunto encubrimiento de los abusos sexuales, las malas noticias se le acumulan a la dirigente de Compromís. Primero fue la confirmación de que el instructor veía en su actuación indicios delictivos, por lo que procedió a otorgarle la condición de investigada.

A ello le siguió, con apenas un par de días de diferencia, su forzada dimisión como vicepresidenta del Gobierno valenciano y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, pese al apoyo de sus compañeros de coalición, que le mostraron su apoyo en un acto ‘ad hoc’ y le animaban a seguir a pesar de su imputación.

A raíz de ello, Oltra acudió a declarar el 19 de septiembre ante el juez, que, lejos de levantarle la investigación, decidió ampliarla a su primer marido y jefe de Gabinete, así como al que fue su subsecretario de Vicepresidencia en el Ejecutivo regional.

El último varapalo para Oltra fue doble, ya que la Justicia desestimó el recurso de su defensa de dar por finalizada la instrucción. Es más, decidió ampliarla seis meses más, hasta final de abril y, con ello, poner punto y final a las pocas esperanzas que tenía la nacionalista de poder concurrir a las elecciones autonómicas de mayo de 2023 figurando en las listas de Compromís.