Comunidad Valenciana  Compromís recorta 377€ la ayuda a la vivienda para pacientes de salud mental

Los problemas asociados a la salud mental, sobre todo desde el estallido de la pandemia se han hecho un hueco en la agenda pública. De hecho, lo habitual es que Íñigo Errejón dedique su pregunta en las sesiones de control al Gobierno a estos temas, aunque en ese caso la motivación responde más a trasladar al Congreso de los Diputados la estrategia de Los Verdes en Alemania.

En todo caso, parece que las distintas administraciones sí están tomando conciencia de esta problemática, lo que les está llevando a invertir todos los recursos necesarios para abordarla de la mejor manera para los que la sufren y sus familias.

Aunque el Gobierno central pueda promover algún plan a escala nacional y los ayuntamientos lleven a cabo alguna iniciativa de carácter local, la gran parte de las competencias en materia de salud mental es regional. Por tanto, rara es la comunidad autónoma que no haya reforzado sus recursos y facilitado el día a día al respecto.

Sin embargo, en todo ha de haber excepciones y en este asunto una de ellas podría ser la Comunidad Valenciana, donde la gestión de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas –en manos de Compromís– en salud mental está siendo duramente criticada no solo por la oposición, sino también por colectivos y asociaciones implicados.

Por ejemplo, el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), José María Toro, lamenta que el departamento dirigido por la también vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, haya reducido la ayuda a la vivienda supervisada para pacientes con problemas de salud mental.

Ayuda «insuficiente»

Concretamente, Toro señala que hasta agosto, la aportación a estas familias por parte de la Consejería era de 2.350 euros, mientras que está previsto que esa cantidad a partir de enero de 2023 baje hasta los 1.973 euros, lo que supone que cada «persona usuaria deberá abonar casi cuatrocientos euros».

Si bien es cierto que la rebaja prevista por Igualdad en un principio estaba prevista que hubiese sido más severas, hasta abonar solo ochocientos euros, para Toro la nueva cifra «sigue siendo insuficiente para el mantenimiento de la red de atención de salud mental».

Al respecto, el máximo responsable de AERTE asegura que se llegará a un sistema «bloqueado porque la gente no va a tener el dinero suficiente para pagarlo».

En la misma dirección apunta la presidenta de la Federación Salud Mental Comunidad Valenciana, Rosa Bayarri, que indica que este recorte «perjudicará» con una prestación «vinculada que no puedan asumir por sus medios el coste».

En particular, Bayarri se fija en las personas «con recursos más bajos», ya que corren serio riesgo de quedarse fuera de los planes de salud mental porque los gastos a asumir son «mayores» que la cantidad que aportará la Generalitat.

De este modo, insta al Gobierno valenciano a que recapacita acerca del 'tijeretazo' presupuestario y retome una política en la que la ayuda que reciban las familias contemple «el total del coste de la vivienda supervisada».

Otro de los grandes puntos de fricción entre los profesionales del sector y Mas es a cuenta de que su intención es hacer una reconversión del día a día y los pacientes que estén en una vivienda supervisada reciban la misma atención que los que están en una asistida.

Para evitar confusiones, Bayarri explica que estas últimas «llevan supervisión las veinticuatro horas del día y tienen un mayor ratio de profesionales». Así, están orientadas para que las habiten «personas menos preparadas para una vida autónoma», es decir, pacientes más severos.

En cambio, las viviendas supervisadas «dejan una gran parte del tiempo a las personas con autonomía de funcionamiento y se producen determinados horarios de supervisión, con menor ratio de profesionales».

A priori, bajo la lógica del 'cuanto más personal de atención, mejor será para el paciente', se podría llegar a pensar que la política que pretende impulsar Compromís desde la Consejería es la óptima y la más adecuada. Pero nada más lejos de la realidad, ya que Toro señala que eso «no es así». «Casi el noventa por ciento de las viviendas son para pacientes que necesitan apoyo pero tienen cierta autonomía. Por eso, meterles en una casa con mucha asistencia es cortar su proceso de rehabilitación».

En este sentido, el presidente de Aerte insiste en que con ello lo único que se consigue es «darle la sensación de que no es autónomo», por lo que aboga por que, finalmente no se materialice esa iniciativa: «Tienen que fomentar la autonomía de la persona. No se trata de que siempre esté en la vivienda o en un centro. De hecho, lo que se pretende es que salgan de la vivienda y recuperen su vida normal. No es un centro para que le lleven, sino para que salgan», afirma Toro.

Uniendo ambos aspectos, el económico y el asistencial, el responsable de Arte es contundente: «Tenemos que atender a las personas en base a sus necesidades y no a su capacidad económica».

En el ámbito político, la oposición al Gobierno tripartito –PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem– en las Cortes Valencianas tampoco disimula su descontento sobre la gestión de Mas en salud mental.

La portavoz adjunta del Partido Popular en el parlamento autonómico, Elena Bastidas, rechaza los recortes en las ayudas a la vivienda que se pretenden aplicar y asegura que todo lo que sea «imposibilitar que una persona pueda acceder a este tipo de recursos es una mala noticia».

Al respecto, le llama «poderosamente la atención» que los que decían que en «el centro de la gestión tenía que estar la persona, en verdad lo que están poniendo en el centro es el precio».

Pacientes derivados a otras comunidades

Por ello, lamenta que la rebaja de la Consejería vaya a «dejar solas a muchísimas familias que no van a poder pagar», lo que para Bastidas es la prueba definitiva de que con el tripartito de izquierdas «los servicios sociales, desgraciadamente, no son para todos».

En cuanto al cambio en la metodología asistencial, la popular se muestra en contra y para ello argumenta que no sería lo adecuado porque no se puede «equiparar las tipologías de los problemas de las personas cuando no son iguales».

Por su parte, la portavoz adjunta de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, María Quiles, reprocha al Ejecutivo regional que la «realidad de la salud mental sea la de los recortes».

Así, la diputada 'naranja' destaca que esas medidas «están provocando que las personas con problemas de salud mental tengan que ir de las unidades de hospitalización o centros de día a sus domicilios, sin poder acceder a otros recursos, aunque lo necesiten».

A su vez, esto repercute, según Quiles, «no solo en su bienestar, sino también en el de sus familias y especialmente en el de las mujeres, porque somos quienes acabamos renunciando mayoritariamente a nuestra vida profesional para quedarnos al cuidado de los familiares cuando no hay otro recurso».

Asimismo, critica que frente a esta situación, la solución que aplica el tripartito es «derivar» a esos pacientes « a otras comunidades autónomas».